Por unanimidad, con 479 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para incorporar los principios de racionalidad y oportunidad en la materia, garantizando los derechos de las personas.
El proyecto, remitido al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, da cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Avalado por los siete grupos parlamentarios en el Palacio de San Lázaro, el dictamen establece que la finalidad del uso de la fuerza es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz pública.
Subraya que el uso de la fuerza se regirá por el principio de racionalidad, la cual será la decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad, lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.
De igual modo, por el principio de oportunidad, evitando todo tipo de actuación innecesario cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos.
“Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en el que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y en general, la afectación de los derechos de las personas”, señala.
La legisladora priista Marcela Guerra, autora de la iniciativa, remarcó la necesidad de hacer efectiva la potestad de las fuerzas del orden, procurando reducir al máximo los daños, afectaciones a la vida y a la integridad de las personas involucradas.
Precisó que las reformas a las fracciones IV y V y la adición de las fracciones VI y VII al artículo 4 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza da cumplimiento a la sentencia de la SCJN derivada de una acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento.
EHR