La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones correspondientes para resolver el caso del empresario Manuel Samuel Castro Mercado.
En un resolutivo, los integrantes de la citada comisión analizaron el punto de acuerdo presentado por el diputado federal de Morena, Juan Romero Tenorio y elaborado por su compañera de bancada Norma Xóchitl Hernández Colín, donde se detallan las irregularidades presentadas desde el momento de la detención de Castro, el 28 de enero de 2012.
MILENIO publicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó que existió “un aleccionamiento o preparación” por parte de los testigos que acusaron al dueño de Pacific International Development Inc. USA Imports (antes Dina Nacional), quien fue acusado de homicidio, asunto en el que se presume se “fabricó” un plan para culparlo y arrebatarle la empresa.
Ante la serie de anomalías y violaciones al debido proceso, “así como la actuación dolosa en la que incurrieron jueces de Hidalgo” contra el empresario, la diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, informó de la propuesta ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se exhorte al TSJ estatal que atienda este asunto que ya tiene más de seis años.
Castro Mercado ha manifestado que a seis años de iniciado el proceso en si contra, sin ningún tipo de pruebas y con testimonios de oídas, “el juez extrañamente se dio cuenta que era ilegal que en 2012 se me hubiera trasladado e iniciado proceso en el distrito judicial de Pachuca cuando el crimen del que se me quiere inculpar se perpetró en el distrito judicial de Apan”.
“El juez en lugar de decretarme libertad inmediata con base a una recomendación emitida en septiembre de 2014, por la CNDH y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en las cuales ambos organismos reconocen violación al debido proceso y falsificación de pruebas por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia a cargo en aquel entonces por Alejandro Straffon Ortiz, premiado por el ex gobernador Francisco Olvera con una notaría pública, ahora quiere reiniciar todo el proceso bajo el pretexto de subsanar las irregularidades que cometió su antecesor Giro Juárez González quien se caracterizó por ser un juez de consigna”, manifestó el empresario.
Castro Mercado también ha demandado que el Consejo de la Judicatura revise la actuación del titular del juez Segundo de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca, Oscar Gregorio Herrera Perea.
El 28 de enero de 2012, afuera de la empresa Motor Coach Industries (MCI) -antes Dina Nacional-, en Ciudad Sahagún, se registró un enfrentamiento entre personal de resguardo y ex trabajadores encabezados por su ex líder, el priista Artemio Vázquez Peña.
Según las autoridades estatales, en la riña murió por herida de bala el trabajador José Matilde Cotonieto, cuyo cuerpo estaba a 50 metros de la entrada de la planta.
jbh