La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó a reunión ordinaria para discutir y votar el próximo martes el proyecto de reforma para poner fin a las “pensiones doradas” de ex funcionarios públicos.
El dictamen sería puesto a consideración del pleno en el Palacio de San Lázaro al día siguiente, con el fin de aprobarlo y turnarlo a los congresos estatales para su ratificación.
Reducir pensiones de ex funcionarios y directivos
Las modificaciones y adiciones al artículo 127 constitucional propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum buscan reducir las pensiones millonarias de ex funcionarios y ex directivos de empresas estatales y organismos públicos, evitando que superen el equivalente a la mitad del salario mensual de la persona titular del Ejecutivo, es decir, alrededor de 70 mil pesos.
La iniciativa presidencial estima ahorros por más de 5 mil millones de pesos al año con esa medida.
La reforma excluye únicamente a integrantes de las fuerzas armadas y algunos otros casos específicos permitidos por la ley.
El Senado de la República aprobó el proyecto con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque la oposición cuestionó el alcance de la reforma y su aplicación retroactiva.
Destacan PEMEX y CFE
Según datos oficiales, entre 3 mil 400 y 5 mil 600 ex funcionarios y ex directivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario presidencial.
Algunas jubilaciones alcanzan montos desde cien mil hasta un millón de pesos mensuales, lo que dio pie a la reforma constitucional.
Entre los principales emisores de dichas pensiones destaca Pemex y CFE, con 544 y 2 mil 199 pensionados, respectivamente, que superan la remuneración de la Presidenta de la República.
Otras entidades con casos relevantes son Nafin, con nueve personas; Banobras, con 19, y Bancomext, con 22.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reafirmó el respaldo de la mayoría parlamentaria a la iniciativa presidencial para cancelar las “pensiones doradas” y topar las remuneraciones de los ex funcionarios públicos jubilados por el gobierno federal.
LJ