La disputa por quién se lleva el crédito de los recursos federales conseguidos para el financiamiento del acueducto sustituto Chapala- Guadalajara encendió los discursos en el Congreso de Jalisco, donde oficialismo y oposición intercambiaron acusaciones y reproches.
La sesión legislativa que una semana antes había sido suspendida debido a la falta de quórum finalmente se concretó este viernes. Aunque estaba convocada a las 13:00 horas, comenzó hasta las 15:20, con una modificación al orden del día que dejó para el final la presentación de iniciativas, donde se anticipaba la verdadera batalla política.
Sin embargo, el enfrentamiento resultó menos intenso de lo esperado. Entre legisladores circulaba la versión de un acuerdo para moderar los discursos, aunque la tregua no impidió que oficialismo y oposición intercambiaran acusaciones por la crisis del agua y la actuación policial durante las manifestaciones del 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.
La primera en abrir fuego fue la morenista Marta Arizmendi, quien atribuyó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el compromiso de aportar entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para obras hidráulicas en Jalisco. Desde la tribuna, acusó a Movimiento Ciudadano de intentar endeudar al estado y privatizar el agua. “Se les terminó su teatro, se les cayó el argumento y se exhibieron sus mentiras”, lanzó la legisladora, antes de reproducir un video del anuncio presidencial.
La respuesta naranja no tardó. Mónica Magaña defendió las gestiones del gobernador Pablo Lemus ante la Federación y acusó a Morena de intentar obtener beneficios políticos de la emergencia. “Ante las crisis trabajamos para resolverlas y no para sacarle provecho político”, sostuvo la diputada emecista.
Gabriela Cárdenas también intervino para exigir que los recursos anunciados se reflejen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027.
Pero la confrontación tomó otro rumbo cuando Valeria Ávila, de Hagamos, cuestionó que el gobierno estatal pretendiera adjudicarse el acuerdo federal. Aseguró que fueron las movilizaciones ciudadanas, y no las negociaciones del mandatarjo jalisciense, las que obligaron a atender la crisis. “Algunos como represores, otros como salvadores”, sentenció, al reclamar también explicaciones sobre las detenciones y agresiones denunciadas durante la primera megamarcha.
Quien elevó el tono de la discusión fue la diputada emecista Alejandra Giadans, al acusar a Morena de aprovechar políticamente la crisis y cuestionar su silencio ante presuntos abusos policiales de gobiernos de su partido. Además, señaló que uno de los detenidos por los disturbios del 18 de octubre aparece en el padrón de militantes morenistas. “Ustedes utilizan las crisis para hacer campaña y sacar raja política”, lanzó desde tribuna.
Uno de los discursos más contundentes llegó de Mariana Casillas, de Futuro, quien comparó el operativo del 11 de octubre con las detenciones arbitrarias registradas durante las protestas de junio de 2020. “Primero fue la Fiscalía infiltrada de Alfaro. Ahora tenemos una Secretaría de Seguridad donde, aparentemente, las órdenes se dan solas”, ironizó, al recordar que altos funcionarios se deslindaron de haber ordenado el operativo.
Mientras Morena, Movimiento Ciudadano, PT, Hagamos y Futuro protagonizaban el intercambio de señalamientos, legisladores del PAN y PRI estuvieron ausentes durante esta parte de la presentación de iniciativas, dejando la confrontación principalmente entre las bancadas que disputaban la narrativa de la crisis hídrica.
La jornada también dejó acuerdos aprobados por unanimidad, entre ellos solicitar explicaciones a Iker Frangie, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, por los posibles escurrimientos de lixiviados relacionados con el relleno sanitario Picachos y requerir un informe al titular de Protección Civil y Bomberos sobre el uso de chorros de agua contra manifestantes.
Hubo espacio para evidenciar una ruptura política: Morena y PRI intercambiaron reproches por un exhorto para destinar 3 mil 828 millones de pesos al campo jalisciense en el presupuesto federal de 2027.
Así, entre señalamientos, exigencias de justicia y una competencia por adjudicarse la solución a la crisis del agua, concluyó una sesión marcada por las protestas ciudadanas y el acuerdo entre los gobiernos federal y estatal.
Al final, mientras unos reclamaban ser los responsables de conseguir los recursos y otros señalaban a los culpables de la crisis, el agua siguió siendo el principal motivo de disputa política en el Congreso de Jalisco, con un financiamiento federal que todavía no está garantizado en el presupuesto, acuerdos pendientes de concretarse y una crisis hídrica que sigue sin respuestas definitivas para las familias jaliscienses.
SRN