Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Diputados aplazaron hasta el 4 de marzo la votación del dictamen para elevar rango constitucional las becas y pensiones del actual gobierno, tras aceptar la propuesta opositora de convocar a parlamento abierto los días 2 y 3 del mes entrante para discutir el proyecto.
Por mayoría, las comisiones unidas acordaron presentar el dictamen ante el pleno el 5 de marzo para su discusión, votación y eventual aprobación en la sesión ordinaria del día 10.
El predictamen, distribuido a los legisladores, prevé garantizar el acceso universal a los servicios de salud y elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como becas para estudiantes de escasos recursos, lo que en su conjunto alcanzaría un costo anual de 310 mil millones de pesos.
Las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador consideran, entre otros aspectos, crear un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar con el fin de garantizar “la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social”.
De ser aprobadas en los términos del proyecto de dictamen, las nuevas disposiciones constitucionales obligarían al Estado mexicano a garantizar un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, dando prioridad a menores de 18 años, indígenas hasta la edad de 64 años y personas en condición de pobreza.
Las personas mayores de 68 años tendrían derecho a una pensión no contributiva y, en el caso de los indígenas, la prestación se otorgaría a partir de los 65 años de edad.
Adicionalmente, el Estado establecería un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación.
El proyecto señala en sus artículos transitorios que el monto de los recursos asignados en el presupuesto federal y en los presupuestos de las entidades federativas “no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior”.
jlmr