Diputados federales de Morena se sumaron a la denuncia del legislador Manuel Alejandro Robles Gómez, al anunciar que presentarán una demanda de juicio político en contra de cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que han violado “sistemáticamente” el artículo 127 constitucional.
En un comunicado, los legisladores explicaron que esta denuncia tiene por objeto que los ministros se sujeten al cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acatar la soberanía popular expresada en las urnas en el 2018, a fin de que haya austeridad en el servicio público.
Aunque los legisladores afirmaron que la solicitud incluye a los 11 togados, no obstante, el documento difundido sólo se pude leer los nombres de Luisa María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.
Robles Gómez indicó que los ministros de la Corte han abusado de ser intérpretes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues no sólo es obligación del Ejecutivo, “aquí también en el Legislativo nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto”.
Consideró que fue un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema, “porque se benefician a sí mismos; ellos deberían poner el ejemplo”.
“Nosotros vamos a estar insistiendo; presentamos esta demanda de juicio político porque no es un capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”, expresó.
Por su parte, Adriana Bustamante Castellanos comentó que la Corte ha mandado un mensaje que simboliza la prevalencia del neoliberalismo al estar yendo en contra de las decisiones del pueblo de México e inmiscuirse en el trabajo legislativo y rechazar normativas que se han legislado a favor del pueblo.
En su oportunidad, María Clemente García Moreno advirtió la usurpación de funciones de los ministros de la Corte al rebatir decisiones del Congreso; esto dijo, ha violentado al país, y por ello esta iniciativa, “porque es importante visibilizarlo”.
“La constante intervención de los ministros del Poder Judicial en el ámbito Ejecutivo y Legislativo, ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana y representativa que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la cuarta transformación”, apuntó.
A su vez, Juan Guadalupe Torres Navarro señaló que esta acción es definitiva para hacer frente al combate a la impunidad, porque se debe sancionar la corrupción y “los ministros han incurrido una y otra vez en actos de corrupción”.
Al respecto, la diputada Graciela Sánchez Ortiz se pronunció a favor de la denuncia porque, “es momento de que se le ponga un alto a las acciones de la SCJN en esta materia y es necesario que los mexicanos tengan conocimiento de cómo está actuando el Poder Judicial”.
Refirió que fue una injusticia rebatir la iniciativa que proponía cambios electorales; toda vez que la oposición no quiso participar al rehusarse a entender que México requiere una reforma del Poder Judicial.
“La SCJN no hay quien la regule, se regula ella misma y deberían estar conscientes de los errores que han cometido, no están respetando la autonomía de poderes”, sostuvo.
Los legisladores Manuel Vázquez Arellano, María Magdalena Olivia Esquivel Nava y Francisco Javier Borrego coincidieron en la necesidad de que tiene que haber un verdadero equilibrio de poderes sin privilegios, pero no bajo la narrativa falsa de la oposición.
Enfatizaron que los ministros quieren seguir teniendo “esos sueldazos”, y que eso no se ve reflejado en la impartición de justicia para todos. Por lo que señalaron que los recursos excesivos del Poder Judicial pueden ser utilizados para que lleguen a las comunidades más apartadas, a los que más lo necesitan.
¿Que es un juicio político?
Un juicio político es un procedimiento que realizan las cámaras del Congreso de la Unión—la de Diputados como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia—cuando los actos u omisiones de los servidores públicos afecten los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la ley, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos especifica como motivos de juicio político:
- I) Ataque a las instituciones democráticas.
- II) Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal.
- III) Violaciones a los derechos humanos.
- IV) Ataque a la libertad de sufragio.
- V) Usurpación de atribuciones.
- VI) Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
- VII) Omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.
- VIII) Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.
¿Quién puede solicitar un juicio político?
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, de la Secretaría de Gobernación, cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados.
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
Las sanciones se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.
¿Cuáles son las sanciones tras un juicio político?
Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución.
Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta 20 años.
JLMR