Luego de que MILENIO publicara este lunes que el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón dejó a la actual administración una demanda por 75 millones de pesos producto de su decisión de cancelar el acueducto Monterrey VI, los coordinadores de las bancadas del Congreso local criticaron el accionar del ex mandatario.
El consorcio Aquos Promotora de Infraestructura, SAPI de CV, exige desde 2018 a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey el pago de esa cantidad como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas por la cancelación del contrato que se celebró para la ejecución del proyecto.
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Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN, manifestó que es un tema que el ex gobernador priista Rodrigo Medina presentó como una alternativa, y llamó a trabajar en la presa Libertad.
“Esa deuda la contrató el gobernador Rodrigo Medina, fue un proyecto que no se hizo, que a lo mejor tuvo algunos costos. Ahorita hay que enfocarnos al tema de la presa Libertad, ¿por qué está detenida la obra? Eso sería lo más preocupante, hay un presupuesto para el 2022 y federal, si no está disponible y abierta la obra se pudieran tardar.
“Nuestras presas tienen un bajo nivel, hay que ver, no temerle al tema de la deuda. El estado tiene un control de la deuda bastante suficiente”, manifestó De la Fuente.
Heriberto Treviño, líder de la fracción del PRI, dijo que es un tema que debe atenderse en lo técnico y en lo legal, porque es una herencia más de la pasada administración que no pudo o no quiso resolver el tema.
“Lo dejó a la deriva, no lo finiquitó en tiempo y forma, y hoy pagamos las consecuencias. El gobierno anterior canceló el proyecto de traer agua del río Pánuco, pero también se retrasó para iniciar la construcción de la presa Libertad.
“La consecuencia es que hoy padecemos por el desabasto del vital líquido y hay riesgo de recortes al suministro, lo que, al final de cuentas, afecta a la ciudadanía. Esperamos que el actual gobierno estatal dé seguimiento puntual al tema y que se resuelva de la mejor manera para Nuevo León”, criticó.
Eduardo Gaona, coordinador del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano (MC), lamentó que sigan dándose a conocer más cuestiones ocultas del gobierno independiente, por lo que emplazó a que se denuncie y se dé una explicación del contenido oculto.
“Ahorita está saliendo y jurídicamente ya no nos da tiempo de hacer algo. Es un proyecto muerto que nació de la corrupción.
“Toda la información la debe de tener Juan Barragán, titular de Agua y Drenaje de Monterrey, para que diga qué está pasando”, apuntó el emecista.
En tanto, Raúl Lozano, líder de la bancada del Partido Verde, aseveró que la actual administración estatal tendrá que lidiar con una papa caliente por la cancelación del proyecto.
“La administración actual se está encontrando con este tema administrativo que seguramente va a tener que sentarse con los perjudicados para llegar a una negociación lo mejor posible, le va a tocar esta papa caliente. Agua y Drenaje tiene una dirección jurídica y son el área encargada que emita una postura”, refirió Lozano.