Por unanimidad de votos, el Congreso de Nuevo León pidió a Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública estatal, que celebre convenios de colaboración en materia de prevención social de violencia y delincuencia con autoridades federales, a fin de crear las políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo.
- Te recomendamos Asaltan y balean a taxista de app en Monterrey Policía
A petición de Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, se acordó también exhortar a los 51 municipios de Nuevo León para que informen si cuentan con el programa municipal para la Prevención de la Violencia y Delincuencia, con participación y colaboración ciudadana.
“Resulta importante mencionar los datos de la encuesta Así Vamos 2021, del programa Cómo Vamos Nuevo León, en la cual con un mayor porcentaje de respuesta la ciudadanía señaló que el principal tema de atención que debe atender el gobierno actual es mejorar la seguridad pública,
“Por lo tanto creemos conveniente que para cumplir con ello debe ser través de la Prevención de la Violencia y Delincuencia, brindándole la importancia y el presupuesto para el cumplimiento de ello, y asimismo poder tener resultados a corto, mediano y largo plazo, y contribuir para acabar con la inseguridad que por años no se ha podido lograr”, señaló Pámanes.
Buscan facilitar acceso a acciones de inconstitucionalidad
A fin de facilitar la promoción de acciones de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la diputada de MC, Iraís Reyes, presentó un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución local y la federal.
Reyes manifestó que la intención es que una acción de inconstitucionalidad pueda ser interpuesta en lo local por el 20 por ciento de los diputados locales, es decir, 9, y por el 25 por ciento de éstos, es decir, 11, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Estamos proponiendo dos iniciativas en materia de acción de inconstitucionalidad para que la ciudadanía y los legisladores de las minorías parlamentarias también puedan promoverlas", apuntó.
Van por Ley para prevenir tortura
Los diputados locales del PRI, Héctor García y Ricardo Canavati, presentaron una iniciativa a fin de crear la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Estado de Nuevo León, al tiempo que se habilitaría una Fiscalía Especializada.
A través de Facebook, los priista señalaron que, hasta la entrada en vigor del documento mencionado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León contaba con la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Tortura, pero ahora se elevaría a nivel Fiscalía.
“Tiene como estrategia mejorar los instrumentos y la organización de la Fiscalía Especializada en tortura, para optimizar los resultados obtenidos, en la investigación, persecución y acción penal del delito de tortura.
“Es por los argumentos antes vertidos que es necesario modificar nuestro marco normativo y establecer una ley para atender la tortura”, se lee en el documento.
En caso de que la víctima haya perdido la vida, la libertad, haya tenido una alteración en su salud, tenga incapacidad laboral, sufra una pérdida es su patrimonio o menoscabo en su reputación, detalla el artículo 8 de la Ley propuesta, el responsable del delito deberá responder por el daño y la indemnización por los perjuicios causados a la o las víctimas como a sus dependientes económicos.
El Artículo 16 de la Ley destaca que el servidor público que conozca de un hecho de tortura, deberá comunicarlo al Ministerio Público, en caso de no hacerlo, se le sancionará con penalidad tres a doce años y multa de doscientas a quinientas cuotas.
Por último, en los transitorios se establece que los procesos iniciados antes de la expedición de la Ley, en caso de ser aprobada, deberán seguir su trámite con los ordenamientos por los que fueron comenzados observando lo dispuesto por el Protocolo de Estambul hasta en tanto se resuelvan.
“La Fiscalía General del Estado y los cuerpos de seguridad estatal y municipal deberán capacitar a su personal de investigador, peritos y agentes conforme a los dispuesto en esta ley dentro de un plazo posterior de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto”, concluye el documento.