La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Instituto Nacional Electoral (INE) una ampliación del plazo para que los congresos locales armonicen las leyes de sus estados en materia de violencia política contra las mujeres, ante la imposibilidad de sesionar antes del 31 de mayo.
Las legislaturas locales tienen hasta el último día de este mes para homologar su legislación con la reforma constitucional contra la violencia política de género, a fin de aplicarla en los procesos electorales que inician en septiembre.
Durante el foro virtual “Legislando por la Igualdad” organizado por las comisiones de Igualdad de Género y Gobernación de la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la diputada presidenta Laura Rojas urgieron a concretar ese avance en el ámbito local.
“Habíamos comentado con mucha puntualidad que las reformas a nivel estatal tendrían que ser precisamente antes de que terminara el mes de mayo para que pudiéramos tener una normativa a nivel estatal para el proceso electoral que empieza en septiembre; a veces no tenemos esta posibilidad, y menos en una pandemia, de lograr estas reformas a nivel estatal”, lamentó Sánchez Cordero.
Reconoció, sin embargo, los avances en el Congreso de la Unión y el trabajo incansable de las diputadas y senadoras para lograr las reformas, pese a las adversidades que se han atravesado en el camino.
En su turno, Rojas coincidió en la necesidad de acompañar, impulsar y animar a los congresos de los estados para lograr la armonización correspondiente.
“Me puedo comprometer a hacer alguna gestión con la Suprema Corte y con el INE, porque sí sería importante que pudiéramos lograr algún acuerdo para que formalmente se extienda el plazo, ante la imposibilidad de sesionar de muchos congresos de los estados y que se pueda extender el plazo para que sean válidas estas reformas para la siguiente elección local”, dijo.
Recordó que la reforma sobre violencia política de género tiene como propósito que las mujeres mexicanas puedan ejercer sus derechos políticos y electorales en condiciones de igualdad y sin ser objeto de violencia.
AE