La Cámara de Diputados solicitó al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto revisar los decretos y acuerdos, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio y octubre, que otorgan concesiones para extracción de agua.
Lo anterior, derivado de un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política que la mayoría del pleno camaral avaló a mano alzada.
El pasado seis de junio se publicaron, en el DOF, 10 decretos relativos a la supresión de vedas en cuecas hidrológicas, y el primero de octubre un acuerdo referente a los trámites que se atenderán a través del sistema Conagua-Digital.
El punto de acuerdo también considera solicitar al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, explique los alcances de dichos decretos y acuerdos, así como del Sistema de Trámites en Internet.
Además, solicitan que la Conagua explique a la ciudadanía, bajo el principio de transparencia y máxima publicidad, el estado de las cuencas nacionales y el acceso humano al agua durante la presente gestión.
Un tercer punto del mismo acuerdo se solicita a la Comisión Nacional del Agua, un informe sobre las acciones emprendidas derivadas de los decretos de reserva de agua, publicados en el DOF durante el periodo de gobierno de 2013-2018, a través de las obras, servicios, contratos, concesiones, arrendamientos y adquisiciones, que se hayan celebrado, en especial en aquellos casos en que resulten afectados municipios, entes públicos y pueblos y comunidades indígenas.
Al fijar el posicionamiento de su bancada, la diputada, María de los Ángeles Huerta, señaló que estos decretos son un engaño, ya que sólo buscan privatizar las aguas nacionales.
“Estos decretos son una trampa para seguir saqueando a la nación y seguir despojando a millones de mexicanos de sus derechos fundamentales. Estos decretos y el corrupto mecanismo digital para concesionar el agua masivamente, comprometen más de 300 cuencas hidrológicas que concentran ni más ni menos que el 55 por ciento de los ríos de este país. Un mecanismo, claro, que fue urdido para favorecer a las empresas mineras, petroleras, refresqueras y privatizadoras de los sistemas municipales de agua”, señaló la diputada de Morena.
En su oportunidad, Mónica Almeida del PRD, advirtió que la fracción parlamentaria a la que pertenece, estará atenta de los alcances de estas disposiciones.
“Pondremos especial atención a los decretos de concesión para explotar agua con fines comerciales, específicamente de venta de agua embotellada y refrescos. Por ejemplo, pagan hoy un dólar por metro cúbico, es decir, por mil litros de agua, y cada litro es vendido a su vez por un dólar.
En cambio, los organismos operadores entregan y cobran agua que no es potable y la cobran como tal, a precios que representan a las familias mexicanas del 15 al 25 por ciento de los ingresos de los hogares”, subrayó.
Con información de Fernando Damián