Diputados de Morena y PT sostendrán una reunión a puerta cerrada con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para conocer de manera directa los detalles de la captura de Rafael Caro Quintero y el desplome de un helicóptero de la Marina con un saldo de 14 elementos muertos.
Así lo confirmó Aleida Alavez, vicecoordinadora de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, al precisar que al encuentro en las oficinas de la funcionaria asistirán legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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Evitó, sin embargo, anticipar juicios sobre la presunta participación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en el operativo para aprehender a Caro Quintero y la caída del helicóptero, cuya tripulación participó en la captura del narcotraficante.
“Hoy mismo tenemos una reunión con la secretaria de Seguridad y nosotros estamos muy al pendiente y con ella vamos a analizar y discutir, o más bien enterarnos de manera muy directa de todo lo que fue el operativo. No solamente este caso, sino otros que se han visto en algunos estados de la República”, dijo.
Subrayó la necesidad de revisar el tema con mucho detalle con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y, posteriormente, hacer un pronunciamiento con toda responsabilidad.
Por separado, la legisladora priista Sue Ellen Bernal llamó a dar seguimiento a las investigaciones para determinar las causas del desplome del helicóptero.
“Será importante dar seguimiento a esta investigación para determinar si realmente fue o no un accidente, si fue una falla mecánica o si derribaron el helicóptero, porque también las casualidades llaman mucho la atención. Elementos que participaron en este operativo y que posteriormente pierden la vida”, dijo.
La diputada del PRI hizo un reconocimiento a la labor que realizan las fuerzas armadas y policiales ante la crisis de violencia que se vive en el país, arriesgando incluso su vida al trabajar en condiciones precarias y con una estrategia de “abrazos, no balazos”, dando derechos humanos a los delincuentes, pero sin garantías a quienes combaten la ola de inseguridad.
LP