La Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incorporando al artículo 19 la extorsión, así como la ilegal introducción, desvío, producción, enajenación, adquisición, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
De igual forma se incluyen ahora en la lista los delitos de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el proyecto de decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.
Con el voto aprobatorio de 20 legislaturas estatales, la reforma propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarada constitucional.
Los congresos locales que avalaron dicha reforma fueron los de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
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