La iniciativa para regular la subcontratación laboral, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de noviembre, entrará a votación en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados este próximo jueves, así lo prevé el coordinador de la mayoritaria fracción de Morena, Ignacio Mier, quien manifestó el respaldo de su bancada para acotar y establecer severas sanciones a empresas que defrauden al fisco a través del outsourcing.
“Este apoyo que daremos a la iniciativa del Ejecutivo es por congruencia con los principios que representa esta cuarta transformación, con los trabajadores que ven afectados sus derechos sociales y laborales”, remarcó Mier.
Según datos oficiales, 4.6 millones de personas en México se encuentran subcontratadas, pero esa cifra se elevaría hasta siete veces contando las llamadas “pagadurías”, señaló el también presidente de la Junta de Coordinación Política.
Entre hoy y mañana participarán en las sesiones de parlamento abierto, convocado por las comisiones de diputados de Hacienda y del Trabajo; para incluir los puntos de organismos empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas o el Colegio de Contadores Públicos, entre otros, que aunque coinciden en que se deben erradicar las malas prácticas; advierte que el outsourcing con buenas prácticas fomenta el empleo y fortalece la recaudación.
“Tal como está planteada la propuesta, desalienta la creación de empleos, y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país, debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de covid-19”, aseveró el CCE.
Diversos expertos coinciden en que “no es necesario prohibir el outsourcing, bastaría realizar los ajustes para acabar con los comportamientos laborales y fiscales ilícitos”, como señala Elías Micha director de TallentiaMX, quien además propone crear un padrón nacional de empresa de outsourcing vigilado por la Secretaría de Trabajo, que garantice la legalidad para que la tercerización opere de manera transparente y en condiciones de igualdad.
La fracción del PRD reconoció la impostergable necesidad de regular la subcontratación, pero advirtió que las sanciones previstas, por hasta 4 millones de pesos, son excesivas y van en la línea del “terrorismo fiscal”, al equiparar al outsourcing con delincuencia organizada, señaló Verónica Juárez, coordinadora de esa bancada en San Lázaro.
Por separado, el legislador y ex dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó a legisladores y empresarios a respaldar la iniciativa pues significará un avance en materia fiscal y laboral. Según él, solo por deducciones falsas, retener y no enterar el ISR e IVA, se estima que las empresas que subcontratan ilegalmente evaden 21 mil millones anuales.
Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) dijo que la iniciativa “llega en un momento inoportuno”, debido a la pandemia.
“En esta coyuntura de urgencia por comenzar una recuperación clara y sostenida de la economía, la iniciativa de ley para regular la subcontratación laboral ha generado preocupación ante la posibilidad de que esto implique el cierre de un importante número de puestos de trabajo”, advirtió.
“Hasta ahora, el gobierno federal parece visualizar la participación privada en la economía como un debilitamiento del estado... Parece ver a los sectores público y privada en un juego de suma cero en el que la ganancia de uno es la pérdida del otro. No como un juego cooperativo, en el que ambos y la sociedad, puedan ganar al final”, señaló el organismo.
Lo bueno y lo malo de outsourcing
En entrevista con MILENIO, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero, explicó que la subcontratación legal es aquella que cumple con todo lo marcado en la Ley Federal del Trabajo para una relación de personal subordinada; es decir, paga aguinaldo, prestaciones, tiene un sueldo, integra todo lo que se le paga al trabajador para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), paga la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) y tiene un contrato por escrito firmado por el patrón y el trabajador.
En contraste, agregó el presidente del CEEF, el ilegal es cuando hay las mismas tres partes, pero no se le paga al trabajador todo lo que dice la Ley Federal del Trabajo y se utilizan estrategias fiscales para no registrar el sueldo completo ante el IMSS y así no pagar la cuota completa, una parte se le paga por fuera y la otra, que es más baja, es la que se registra ante el IMSS, además también suelen usarse para el pago mecanismos como sociedades cooperativas, honorarios asimilados a salarios, entre otros.
“El impacto es para todos, no solo para las empresas que nos dedicamos a la subcontratación legal, también para quienes tienen un insourcing y en general al país, con una legislación demasiado restrictiva”, indicó Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica.
"Aplaudimos todos los actos y las acciones que se llevan a cabo para erradicar ese cáncer social que tenemos como subcontratación ilegal, simulación y evasión fiscal, todo aquello que dañe los derechos de los más necesitados y de los trabajadores, estamos de acuerdo en que se trabaje en eso”, indicó Héctor Amaya, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Mario Barrera, especialista fiscal del despacho Thompson & Knight, explicó que si se prohibe el outsourcing, las empresas tendrán que reorganizar su fuerza laboral para soportar el impacto y no tener una carga fiscal tan fuerte, derivada de esta reforma. Además de que será un desincentivo para la contratación de personal o mantener fuerza laboral.
Actualmente, dijo, cuando una empresa paga a otra un servicio de subcontratación, incurre en un gasto que acredita para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA); en tanto que si hay gente que sale del empleo formal tampoco podrá pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre su salario; con lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá una menor recaudación.
Barrera indicó que las malas prácticas se han tratado de combatir con modificaciones en distintas leyes, “se ha buscado atacar el colesterol malo” porque el outsourcing no es ni bueno ni malo, es una forma de administración de carga laboral, cómo se utiliza, ahí está el problema.
La búsqueda de una solución
“La solución no está en sobrerregularlo o peor aún, en prohibirlo, está en hacer un mecanismo de efectiva fiscalización y, al día de hoy, ya hay los mecanismos necesarios para fincar créditos fiscales a quienes estén evadiendo impuestos, para fincar cargos penales a quienes estén cometiendo un ilícito, eliminarlo es innecesario, lo que necesitamos es una verdadera y eficaz fiscalización por parte tanto de la autoridad laboral, como de la autoridad fiscal”, aseveró Barrera
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) exhortó a los legisladores a revisar de manera imparcial y propuso siete puntos, que van desde tomar en cuenta que solamente una fracción de la población económicamente activa (PEA) labora para empresas formales, la temporalidad del inicio de la eventual reforma; el costo operativo del outsourcing que usa el propio gobierno en sus tres niveles, el impacto en la competitividad del país; la revisión de la normativa para trabajo y obras específicas, así como la aplicacón de la participación de utilidades.
“Lo que hoy las empresas necesitan son herramientas y facilidades para poder seguir operando en tiempos difíciles. La subcontratación se requiere cuando hay picos de producción, en la época navideña o cuando requieran tener personal, eso abona por mayor inversión, por tanto generación de empleo”, expresó Flores de Manpower.
Según Micha de Tallentia MX, peligrarían hasta 7 millones de empleos formales peligrarían, sobre todo en un contexto de pandemia, donde mucha gente ha perdido su fuente de ingresos y las empresas necesitan el apoyo de la tercerización responsable y profesional.
Sobre su propuesta de un padrón nacional de outsourcing, dijo Micha, “se adelantaría mucho terreno contra los comportamientos ilegales (dentro y fuera de la tercerización) si las autoridades fortalecieran la fiscalización. Para ello fue creado un grupo interinstitucional del que forman parte la SHCP, la UIF, la STPS, el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Procuraduría Fiscal”, menciona el organismo de Talento Humano.
En 2020, se han perdido 800 mil empleos en el sector formal
A octubre de este año, México presentó un decremento histórico de 518 mil 609 de empleos, de acuerdo con un análisis de ManpowerGroup sobre los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Inegi.
“Nosotros calculamos que al final del año cerraremos con menos 800 mil empleos formales, comparando diciembre de 2020 con 2019. Cerca de 26 por ciento de los empleadores señalaron, que a partir de octubre, espera volver a los niveles de contratación anteriores a la pandemia dentro de los próximos 4 a 9 meses”, expuso Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
Indicó que es necesario mantener todas las medidas de salud, ya que el factor clave de la recuperación de empleo radica en mitigar el aumento de hospitalizaciones por covid-19.
dmr