La disputa entre México y Estados Unidos por el agua se remonta desde que ambos comparten frontera y obligó a la suscripción de un tratado internacional que establecía las bases para el uso equitativo de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana.
Esta distribución se concretó el 3 de febrero de 1944 con el Tratado de Aguas Internacionales luego de varios fracasos en las negociaciones bilaterales; sin embargo, el resultado final permitió evitar la aplicación extrema del concepto de soberanía absoluta para las cuencas hidrológicas, y estableció el deber de los países que comparten ríos internacionales de aprovechar sus aguas racionalmente.
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Este instrumento contiene los elementos jurídicos y técnicos que fijan y delimitan los derechos de cada uno de los dos países, además de que ha sufrido diversas modificaciones estableciendo no sólo las entregas posteriores que deben realizarse en caso de sequía; sino también la entrega de este líquido en caso de escurrimientos excedentes.
En septiembre de 2017, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) suscribió el acta 323 para hacer frente a los prolongados tiempos de sequía que suelen afectar a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos estableciendo ayuda económica a cambio del vital líquido.
Para ello se establecieron ciclos de entrega de este líquido en estos periodos de escasez, además de que asegura que este enfoque nuevo de colaboración permitirá a México obtener entregas adicionales de agua a los 1.8 millones de metros cúbicos anuales que le corresponden según el tratado.
En este adendum al tratado se estableció la entrega de 31.5 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de conservación en México a cambio de la entrega de al menos 283 milímetros cúbicos adicionales a los que plantea el tratado.
También se contempla una inversión de un millón de dólares para invertir en un proyecto de creación de humedales con el reuso de aguas tratadas, para obtener la entrega de agua que se hacen para el sistema del Río Hardy con propósitos ambientales
Este último documento, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, fue negociado por la CILA y firmado el 21 de septiembre de 2017 en medio de algunas críticas por haber realizado el proceso de manera confidencial con la participación de algunas instituciones para avalarlo.