La Fiscalía General de la República (FGR) duplicó el monto máximo de las recompensas por información que ayude a localizar y detener a los delincuentes más peligrosos del país, al elevar de 30 a 60 millones de pesos ese incentivo económico; en tanto, la Secretaría de Seguridad federal anunció la construcción de seis penales federales.
A partir del sexenio de Felipe Calderón, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a ofrecer incentivos más altos, que alcanzaban 30 millones de pesos, por datos que llevaran a localizar a los principales capos.
En las reglas de operación y procedimientos del Comité de Recompensas de la FGR publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se especificó que para determinar la cantidad se tomará en cuenta la jerarquía o nivel de importancia del involucrado en la organización delictiva, la relevancia de sus actividades, su impacto social, la magnitud criminal y el nivel de amenaza que representa.
“Los montos de las recompensas podrán ser desde 100 mil pesos hasta 60 millones, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria o los recursos del fondo (previa manifestación por parte de la Oficialía Mayor).
“Dicho comité determinará y aprobará el monto, el cual quedará establecido en el acuerdo correspondiente, según los criterios previstos en las presentes reglas”, se detalló en el DOF.
Para determinar el nivel de amenaza, se revisará a detalle el daño material, físico o psicológico que el criminal haya ocasionado, la persistencia activa de la persona y la probabilidad de reincidencia o de cometer actos más severos en el futuro, así como la dimensión de la actividad delictiva considerando si actúa solo o en organización.
En enero de 2022, los 313 millones 505 mil 432 pesos del contrato de Mandato de Administración para Recompensas de la FGR pasaron a un fideicomiso de la Unidad de Tesorería de la institución, el Fondo para el Mejoramiento de Procuración de Justicia.
La mayor parte de los recursos forma parte del dinero asegurado en 2005 al empresario Zhenli Ye Gon en una residencia de la colonia Lomas de Chapultepec.
En abril de 2025, en la gestión de Alejandro Gertz Manero, se reactivó el programa de recompensas para enfrentar los delitos de delincuencia organizada, tráfico de drogas y secuestro.
Esas gratificaciones siempre han tenido un candado, porque no las pueden cobrar aquellos que hayan ejercido funciones relacionadas con la seguridad pública, así como cónyuges, concubinos o personas convivientes y parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado.
Según funcionarios que estuvieron bajo la dirección de Gertz Manero, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador nadie cobró una recompensa porque no se recibieron suficientes denuncias, como tampoco en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El programa de recompensas arrancó en la presidencia de Felipe Calderón después de que el gobierno le declaró la guerra al narcotráfico; en ese sexenio, la PGR pagó a ocho recompensas casi 51 millones de pesos, siendo 30 millones el monto más alto.
Algunos de narcotraficantes que figuraban en dicho programa son el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, por quien se ofrecían 30 millones de pesos, lo mismo que por Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ofrecía esa cantidad.
Nuevos espacios
Ante la sobrepoblación que viven penales estatales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la construcción de seis centros penitenciarios en Chiapas, Edomex, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad total de 18 mil 480 espacios.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el también coordinador del Gabinete de Seguridad señaló que los nuevos complejos contarán con alta seguridad y espacios destinados a la reinserción social.
“Contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.
“El nuevo modelo también contempla fortalecer los procesos de reinserción social, mediante espacios destinados a educación y capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas”, resaltó.
El objetivo, apuntó García Harfuch, es contar con instalaciones que permitan mantener su control efectivo, evitar que las organizaciones criminales continúen operando y ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción de los reos.
Detalló que ante los enfrentamientos registrados la semana pasada en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, el primer complejo que se construirá con recursos federales será el de Sinaloa, con una capacidad de 2 mil 40 personas.
El titular de Seguridad agregó que se han fortalecido las acciones de vigilancia, supervisión y control en los penales federales para mantener el orden, prevenir actividades delictivas y mejorar las condiciones de seguridad de los reos y del personal.
“Como resultado del fortalecimiento de los protocolos de prevención, vigilancia y supervisión, los códigos de emergencia en esas instalaciones disminuyeron 35 por ciento respecto del periodo anterior, con una reducción en incidentes relacionados con riñas, agresiones, amenazas y otras situaciones de riesgo”.
En la conferencia matutina, el funcionario también destacó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52 por ciento entre septiembre de este año y el de 2024, al pasar 87 a 42 casos, lo que significa 45 homicidios menos cada día.
“Gracias a la coordinación que mantiene el Gabinete de Seguridad con las 32 entidades, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52 por ciento entre septiembre de 2024 y ese mes de 2026… esa reducción refleja los avances de la Estrategia Nacional en la materia”.
Tras su participación en la mañanera, García Harfuch compareció cerca de cuatro horas a puerta cerrada ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, como parte de la glosa por el segundo Informe.
Frente a senadores, reconoció que persiste la violencia en Sinaloa, en especial en Mazatlán, aunque sostuvo que la situación no es la misma que en noviembre y diciembre de 2024, cuando se observaban convoyes de siete u ocho camionetas circulando por la ciudad.