Falta de transparencia e irregularidades de parte del presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, así como de la titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia municipal, Maricela Rodríguez Pasten, en el procedimiento que inhabilitó a cuatro regidores por la omisión de presentar su declaración patrimonial, acusaron los asambleístas independientes Olivia López Villagrán y Ricardo Crespo Arroyo; así como del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Jaime Conde Zúñiga.
Por ello, los tres integrantes del Ayuntamiento señalaron que interpondrán los recursos jurídicos necesarios, no sólo para revertir esta sanción, sino para que cualquier funcionario involucrado sea sancionado por faltas administrativas y violación a los derechos político-electorales, pues no sólo existe dolo en la decisión, sino que se extralimitaron en sus funciones y atribuciones en la forma en la que emitieron la sentencia.
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Tanto Crespo Arroyo como Conde Zúñiga aseguraron haber cumplido con esta obligación, pues el primero presentó su declaración patrimonial el 15 de febrero, mientras que el segundo lo hizo el 5 de marzo; únicamente López Villagrán reconoció no haber presentado este documento en tiempo, sin embargo, nunca recibió una notificación oficial de parte del órgano interno de control o de su titular, Maricela Rodríguez Pasten, para subsanar esta falta, por lo que no se le garantizó el derecho de audiencia y no se siguió el debido proceso como lo establece la Ley.
Por su parte el regidor independiente con licencia y actual candidato a la diputación local por la vía plurinominal de la fuerza del tucán, Ricardo Crespo Arroyo, aseguró que el presidente municipal se extralimitó en sus funciones y atribuciones, pues dicha inhabilitación se hizo oficial en sesión de Cabildo privada el pasado 9 de abril, la cual acusó de ilegal, pues no se votó en sesión previa para contar con las tres cuartas partes del órgano colegiado para su aprobación, por lo cual no fue valida siquiera la convocatoria.
“Es flagrante el procedimiento además de ilegal –si es que existe éste, porque no hemos sido notificados de ninguna forma–, es violatorio a todos los derechos constitucionales, eso está haciendo la autoridad con representantes que estamos ahí por el voto popular por una elección, esto vulnera también los derechos de todos los que votaron por estos representantes en el Cabildo; hay mucha opacidad en este tema, hacen reuniones privadas, falta de transparencia en las páginas de internet oficiales, porque no son públicas las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios como establece la Ley, además de mucha documentación que no está disponible, este trabajo deja mucho que desear; porque de todo el universo de funcionarios públicos resulta que sólo cuatro somos sancionados, falta mucha transparencia”, manifestó.
De igual forma consideró que puede existir un trasfondo político que busca evitar que acceda a la curul dentro del Congreso Local, “si hay alguien que le preocupa mi candidatura, si hay alguien que no quiera que tenga una voz en el Congreso”, aunque no detalló de quien se trata, además prefirió no calificarlo como venganza política en su contra sino como un error y omisión de la Contraloría Municipal y de su titular, “espero que se rectifique en las área jurídicas del municipio, esto ya será un tema de tribunales y tema de juzgados y espero que no sea un tema político que busque afectarme sino que haya un error en el trabajo de la Contraloría municipal”.
Igualmente, el asambleísta del PVEM, Carlos Jaime Conde Zúñiga, recordó que ya se había comentado la inexperiencia e incapacidad de Maricela Rodríguez Pasten al frente de la Contraloría municipal, razón por la cual emitió un voto en contra de su designación en la sesión del pasado 14 de enero; de igual forma tanto Crespo Arroyo como López Villagrán, se sumaron a la negativa de este nombramiento, esto al considerar que no cubría el perfil adecuado para ocupar la titularidad del órgano de control interno.
Finalmente, Olivia López Villagrán, consideró que estas acciones pueden constituir violencia política, “sí, lo considero como una cuestión artera e innecesaria (la inhabilitación) porque de buena fe me pudieron requerir, como es su obligación, para corregir la falta, pero fue un mal actual de la actual contralora, creo que fue un error su nombramiento y quiero aclarar que voté en contra de que fuera designada porque tenía un pobre currículum que presentó para su selección”.