El gobierno de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, confirmó ayer que dio el visto bueno a una norma para almacenar muestras de ADN de indocumentados, una polémica medida que ya se aplica en la frontera, mediante un programa piloto, la cual entrará en vigor formalmente en abril.
La medida fue propuesta en octubre pasado y este viernes el Departamento de Justicia publicó un aviso en el Registro Federal, el cual indica que su regla definitiva sobre el tema se publicará el próximo lunes 9.
A partir de entonces deberán transcurrir 30 días para que el público presente comentarios, antes de que la medida entre oficialmente en vigor, el próximo 8 de abril.
Desde el pasado 6 de enero, la Patrulla Fronteriza comenzó a recolectar muestras de ADN de cualquier persona en su custodia, a la que además toma huellas dactilares, mediante el uso de hisopos o palillos de algodón que se pasan por la cara interna de las mejillas, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Cuando entre en vigor la norma, esas muestras se enviarán al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que las almacene en su base de datos criminal nacional, comentó un funcionario del Departamento de Justicia.
“Las muestras de ADN son solo para almacenarlas en la base de datos del FBI, no para usarlo en otro sentido. El DHS (del que dependen las agencias migratorias) no las usará”, afirmó el funcionario, quien pidió el anonimato.
La medida ha indignado a defensores de derechos de los migrantes, quienes argumentan que el gobierno no debe recolectar información personal confidencial de personas que no hayan cometido un crimen.
“El Congreso debe evitar de inmediato que los dólares de los contribuyentes se utilicen para financiar este programa xenófobo, que busca deshumanizar aún más a los migrantes detenidos y pone en entredicho importantes libertades civiles y de privacidad”, aseguró en un comunicado la representante de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), Naureen Shah.
“Recolectar los perfiles genéticos de indocumentados detenidos no nos hace más seguros; facilita al gobierno su ataque a las comunidades de migrantes y nos acerca un paso más a la administración que toca todas nuestras puertas para exigir nuestro ADN, bajo la justificación errónea de que algún día podamos cometer un delito”, agregó.
Los grupos de activistas alertaron que la norma puede repercutir en el almacenaje de ADN de estadunidenses, quienes a veces son detenidos temporalmente erróneamente por autoridades migratorias.
Sin embargo, el gobierno de Trump defiende que cruzar la frontera de manera ilegal ya es un crimen, por lo que se siente con autoridad para recoger las muestras.
El Departamento de Justicia basa su política en una ley de 2005 sobre la toma de huellas dactilares y ADN, que permite a agentes recoger muestras de aquellos que estén bajo su custodia, incluidos los no estadunidenses.
ledz