El Ejecutivo, Poder Judicial y la representación de la ONU en México reconocieron que el sistema de justicia tiene errores que hacen necesaria una Ley de Amnistía para excarcelar a quienes están presos injustamente, en un país donde se criminaliza la pobreza y existen sectores seriamente vulnerados.
Sin embargo, dejaron claro que debe tenerse cuidado para no duplicar derechos, hacerla impráctica, genere más problemas que soluciones o se convierta en letra muerta y no atienda un clamor ciudadano.
Sostuvieron que la cárcel ya no puede ser la regla, sino una excepción y que el aumento de penas no ha logrado bajar la incidencia delictiva.
Durante los trabajos de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, para analizar las cuatro iniciativas de Amnistía que existen, los legisladores se reunieron virtualmente con funcionarios estatales, familiares de presos y defensores de derechos humanos para conocer sus puntos de vista y experiencias.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, reconoció la existencia de errores judiciales y ministeriales que conllevan una prisión injusta, pero sostuvo que no es la amnistía el mecanismo idóneo para corregirlos y reconocer la inocencia.
En tanto, el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, añadió que el espíritu de esta ley no debe ser despresurizar la cárcel porque ese es un problema mayor, sino hacer justicia a quienes sufrieron de las fallas del sistema.
Octavio Amezcua, representante del Alto Comisionado de la ONU, consideró que aplicar la amnistía es necesaria, por la vulnerabilidad de algunos sectores como son las mujeres y los grupos indígenas, en un país donde se criminaliza la pobreza y donde la prisión sirve para potenciar los factores criminógenos de los presos.
Resaltó que la Ley federal fue un avance en la materia, pero salió con muchas limitantes que ya se consideran en el Estado de México, donde las iniciativas se atrevieron a ir más allá, aunque antes deben revisar más a detalle las limitantes, tener cuidado con las cláusulas y considerar la posibilidad de que se puedan entablar recursos.
Aconsejó que se establezcan tiempos precisos y una forma que permita su operación inmediata porque a nivel federal no se ha logrado hasta el momento la liberación de un solo interno.
En su oportunidad, José Humbertus Pérez Espinoza, quien presentó una iniciativa de ley para reconocer a los falsos culpables, pidió que se cambie el lenguaje y se reconozca que los presos son personas privadas de su libertad, no delincuentes.
Preliberados en pandemia
El titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi, dio a conocer que durante la pandemia han preliberado a 780 personas y otras 500 que ya habían compurgado su pena. Esto luego de hacer un padrón de quienes ya gozaban de este derecho y ni siquiera lo sabían.
“La mejor manera de combatir a la delincuencia no es incrementando las penas, ni siendo muy severos, sino aplicando la justicia son rectitud, seriedad y sobre todo orientando y dando oportunidad a las personas” señaló.
El magistrado insistió en la necesidad de contar con una industria penitenciaria sólida para reinsertar socialmente a los internos y no vuelvan a delinquir, por lo que consideró que una amnistía sin garantizarles trabajo al egresar no servirá de mucho.
Se comprometió a presentarles opciones para no duplicar figuras ni considerar delitos por los cuales no hay una sola persona sentenciada, como es el caso de aborto y sedición, que hacen impráctico considerarlos, aunado a que existen otras vías para reconocer la inocencia o tener una preliberación humanitaria.
La meta no es despresurizar penales
Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos, pidió a las comisiones tomar en cuenta varios puntos: que esta ley no se puede aplicar de manera permanente, sino sólo a un periodo específico; en segundo término puntualizó que se deben tener presentes los derechos de las víctimas y no confundir figuras previstas en la Ley de Ejecución de Penas.
Consideró que se debe tener claro que la instancia encargada de aplicar la norma es el Poder Judicial y no es conveniente crear una instancia alterna porque ya existe.
Resaltó que esto ayudará a abatir la sobrepoblación pero no a resolverla pues actualmente tienen 31 mil 302 presos donde sólo hay lugar para 14 mil personas.
Apuntó que el objetivo de la “amnistía” no es despresurizar los penales, sino hacer justicia a quienes sufrieron las fallas del sistema que han llevado a algunas personas a estar 18 años presas sin sentencias o algún otro problema en el proceso.
El funcionario estatal reconoció que el aumento de penas no ha logrado generar el efecto disuasivo y reducir la delincuencia, incluso hace difícil aplicar la preliberación.
Confió que las diferencias que tienen las cuatro iniciativas de ley puedan llegar a un proyecto de dictamen.
Los diputados hicieron cuestionamientos a los asistentes y acordaron seguir el próximo miércoles con la presencia de otros funcionarios, entre ellos el Fiscal de Justicia para seguir analizando el tema.
KVS