Un conjunto de ex presos políticos que estuvieron recluidos en alguna de las prisiones del Estado de México pidieron a los diputados locales atender la propuesta de la Ley de Amnistía de la entidad mexiquense, esto para frenar el sufrimiento de los que están encarcelados y se presume que son inocentes.
A través de un desplegado, los también activistas rememoraron los atropellos de la justicia que enfrentaron durante sus procedimientos judiciales y coincidiendo en que hay casos en el que los propios juzgadores pueden caer en sentencia arbitrarias.
Asimismo, evidenciaron que al no contar con respaldo económico, la justicia puede ser condicionada u omisa, poniendo de por medio la integridad de los sentenciados. “Porque si no tienes recursos, si no tienes dinero para pagar al abogado que corrompa no vas a salir libre, aunque tengas todas las pruebas a tu favor, aunque no haya ningún elemento que te incrimine. Y es el caso de los presos inocentes”.
El documento signado por los que fueron presos políticos de la Alianza del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y los pueblos de Salazar y San Pedro Tlanixco, expresa que conforme fueron puestos en libertad se dieron a conocer los abusos que hay en el sistema de justicia estatal y las condiciones en las que vivieron durante su estadía en los centros de internamiento mexiquenses.
- “Nuestra lucha como reflector de sol alumbró los rincones malolientes, los laberintos, las burocracias, los contubernios, los negocios bajo la mesa, los códigos de la falsedad y la urdimbre de narrativas artificiosas, destinos de exterminio”.
Amnistía no favorece impunidad
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, pidió no criminalizar ni estigmatizar la amnistía porque esta no favorece la impunidad, simplemente pone en libertad a quienes fueron recluidos sin motivos jurídicos suficientes.
Durante el análisis de las cuatro iniciativas de Ley de Amnistía que presentaron legisladores de Morena, PRD, PT y un ciudadano, la Fiscalía General de Justicia pidió no perder de vista a las víctimas, luego de reconocer que sólo logran judicializar el 10 por ciento de denuncias y dan prioridad a delitos de alto impacto.
Representantes de organizaciones de derechos humanos pidieron que se cree una comisión reguladora externa para atender estos casos, porque el Poder Judicial y la Fiscalía no pueden ser “juez y parte”, y acusaron al sistema de fabricar delitos y abusar de la pena privativa de la libertad.
En tanto, Ángeles Bravo, del Frente Nacional por la Familia, dijo estar de acuerdo con hacer justicia, pero pidió que se garantice la seguridad de quienes están fuera y se busquen alternativas sociales más sanas que den certeza a todos y garanticen que no van a delinquir.
Jazmín Flores Zaragoza, abogada de juicios orales, consideró necesario cambiar la política criminal y dejar de buscar penas más graves, sino enfocarse en que no haya violaciones ni chiquitas ni grandes, que las partes tengan las mismas oportunidades y no sólo la Fiscalía, como parte acusadora, tenga todo a su alcance.
De la Fiscalía acudió Fernando Cárdenas, Fiscal Central Jurídico, quien consideró necesario tomar en cuenta que las hipótesis planteadas deben ser prácticas, es decir, no incluir delitos como aborto porque no hay personas presas por ese delito, ni robos no graves, porque estos no se judicializan, tampoco está penalizado el homicidio por parentesco en la legislación mexiquense, entre otras conductas que al final no se puedan llevar a la práctica
Por su parte, el ombudsperson, Jorge Olvera, consideró inconveniente brindar amnistía a quienes están acusados por delitos graves e hizo énfasis en la necesidad de crear un modelo penitenciario para garantizarles empleo a los internos cuando están presos y cuando salen porque la realidad es que se les discrimina por haber estado en prisión.
Señaló que el olvido de ciertas penas es un invaluable apoyo para las personas privadas de la libertad, sobre todo para aquellas que enfrentan una situación de vulnerabilidad.
Subrayó que las personas que enfrentan un encierro en los centros preventivos no dejan de ser personas, por lo cual es necesario dejar atrás prejuicios y motivar, desde la ley, el respeto a la dignidad y la no discriminación de las personas privadas de su libertad
“Quiero ser enfático en que esta ley no se debe criminalizar, ni estigmatizar Tampoco coincidimos en que favorecerá la impunidad. Toda vez que contiene un catálogo que garantiza los derechos humanos de las víctimas y de las personas privadas de la libertad.
"Tenemos que ser claros: la amnistía como perdón del delito va dirigida a ciertas personas con categorías específicas de delitos y no debe ser confundida con el indulto, estas dos figuras no tienen el mismo origen, ni la misma naturaleza jurídica” abundó.
Y dar amnistía por ningún motivo significa consecuentar transgresiones a la ley sino más bien equilibrar y proteger a quien por diversas razones no ha tenido acceso a la justicia.
Centro Zeferino Ladrillero
Cifras del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero estiman que hay 19 mil personas en suelo mexiquense que están en alguna situación de reclusión y que podrían ser objeto de excarcelación por la ley de amnistía que está en discusión en el congreso local.
Esta última propuesta analiza liberar a personas que no cometieron delitos graves, mujeres condenadas por aborto, enfermos crónico degenerativo, adultos mayores a 65 años, indígenas, campesinos y grupos vulnerables.
Las posturas de las fracciones parlamentarias han resultado contrastantes unas de otras y ya consultan la opinión de especialistas en la materia que puedan apoyarlos en la resolución de esta legislación que de acuerdo con observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), supera la propuesta hecha a nivel federal de excarcelar a estos presuntos culpables.
KVS