Los legisladores mexiquenses abrogaron la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en la entidad y se creó una nueva norma, para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad con el fin de prohibir conductas que atenten contra la dignidad, creen entornos intimidatorios, hostiles, degradantes u ofensivos.
El objetivo es tener una norma actualizada, que realmente se pueda aplicar y no se convierta en “letra muerta” como la anterior que no logró ser ejecutada en los últimos cinco años ni avances en materia educativa, empleo, salud, desarrollo social, movilidad, deporte, turismo, ni en otros renglones.
La ley abrogada se aprobó a mediados de agosto de 2012, se publicó el 31 de ese mes y se dio un plazo de dos años para que todos los sectores se pusieran al corriente y pudiera entrar en vigor el primero de enero del 2015 ya con avances en esta materia.
Esa norma planteaba el fomento de medidas para asegurarles servicio de salud y asistencia social; educación inclusiva, de calidad, gratuita, con equipo, infraestructura, materiales especializados, intérpretes de lengua de señas, becas, bibliotecas adaptadas; trabajo, orientación y rehabilitación ocupacional, bolsa de trabajo, becas de empleo; albergues para personas en situación de pobreza, abandono o marginación; semáforos sonoros, banquetas de huella táctil y placas en escritura braille; infraestructura deportiva, entre muchas otras indicaciones que no se atendieron.
La nueva norma señala como principios fundamentales: la equidad, justicia social, respeto a la dignidad, autonomía, no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad, transversalidad, entre otros.
Se fortalece el Instituto Mexiquense para la Discapacidad, como organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Salud, pero con autonomía técnica y de gestión para formular políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad y se puntualizan sus funciones como garantizar que todas las áreas cumplan sus funciones de inclusión.
Entre sus obligaciones está el actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación en que se encuentran; propiciar que los organismos públicos y privados participen en acciones de inclusión laboral con al menos 5 por ciento de los espacios.
Además, indica que el Instituto y el DIFEM, por conducto de los sistemas municipales DIF, otorgará gratuitamente calcomanías distintivas que deberán fijarse en el parabrisas y medallón de los vehículos en que viajen personas en situación de discapacidad y llevarán un registro y control de las otorgadas.
Mientras que en materia educativa, el Instituto deberá garantizar con la Secretaría de Educación su atención; con la Secretaría de Trabajo su protección de derechos, empleo, capacitación; igualmente con cada una de las secretarías que integran el gabinete estatal, tendrán que trabajar unidas y desarrollar una serie de actividades que se le enumeran como obligaciones conjuntas para que no queden en el olvido y puedan desarrollarse en cada uno de los renglones donde hoy no tienen acceso.
MMCF