El presidente del Congreso Laboral del Estado de México, Óscar Moreno Moreno, señaló que vale la pena que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) audite el “Programa de Apoyo al Desempleo”, que lanzó la Secretaría de Trabajo, en beneficio de aquellas personas que perdieron su fuente de ingreso derivado de la pandemia de covid-19 y el cese de actividades esenciales.
Esto, dijo, abonará a la transparencia, evitará suspicacias y que en algún momento se utilice con fines políticos. Recalcó que es fundamental saber a quienes llegaron los recursos para valorar que otros sectores pudieron quedar fuera, pues lo ideal es que se hubiese otorgado a los trabajadores formales que hicieron sus aportaciones cada mes al seguro social y causaron impuestos.
“No dudamos que llegó a quienes han perdido su empleo, pero para la administración estatal es mejor que el proceso de selección y la entrega de apoyos se transparente”.
Recalcó que los apoyos de mil 500 pesos durante dos meses fueron insuficientes porque se otorgaron a un número muy pequeño de personas, 50 mil, especialmente cuando a la fecha los desempleados en la entidad son 622 mil, según datos del INEGI.
“A nivel nacional hemos manejado que se otorgue una ayuda de 3 mil 500 pesos mensuales, en un periodo no mayor a tres meses, para que el trabajador pueda tener más de 10 mil pesos y haga frente a sus gastos, toda vez que la pandemia se ha extendido más de lo esperado”.
Ante la situación económica que atraviesan miles de familias, señaló, debería haber un segundo esfuerzo por parte del gobierno estatal, aunque con algunas restricciones para evitar suspicacias. “El único candado, para no hacerlo más burocrático, sería que el trabajador formal demuestre que fue dado de baja ante el Seguro Social en estos meses de pandemia, no basta con decir que perdieron el empleo porque entonces cualquier persona, incluso con algún tipo de ingreso, puede aprovecharse”.
También destacó que hay algunas empresas que ya no pueden pagar a sus trabajadores pertenecientes a los grupos vulnerables que siguen sin laboral, por lo que están pensando en despedirlos, en el mejor de los casos liquidados al 100 por ciento o negociando la situación, y en el peor de las situaciones sin poder otorgar un finiquito, por lo que tendrán que responder en los tribunales.
Recordó que el Seguro de Desempleo, aprobado desde 2011 en el Congreso Local, lamentablemente nació muerto porque no tiene recursos para enfrentar este tipo de situaciones, además de una seria de candados que no permite acceder a los recursos de forma inmediata.
“Estamos buscando la modificación de dichos candados para que sea un organismo tripartito que permita apoyar a los afectados, en este caso los trabajadores formales e informales”.
De existir recursos o una partida especial a este Seguro, expresó, hoy no estaríamos padeciendo ni pidiendo que se generen programas tanto del ámbito federal como estatal. “No estaríamos pidiendo dinero para las personas desempleadas y no le dolería al gobierno darlo, por ello al interior de la Cámara Local están perfectos los tiempos para generar una partida en el presupuesto del próximo año”.
MMCF