En el Estado de México las diputadas locales Karina Labastida Sotelo y Mariana Uribe Bernal colaboran con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en el fortalecimiento del marco jurídico de los estados para erradicar la violencia política de género en contra de las mujeres.
A decir de la legisladora Karina Labastida, por lo menos hay tres leyes que han sido poco atendidas en los congresos de los estados y que es necesario sean homologadas para hacer frente a la violencia que sufren el sector por el desempeño de su trabajo.
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Las legislaciones que consideraron son la “General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”; “General de Responsabilidades Administrativas” y la “General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
Al respecto, precisó que hay avances que deberían de ser replicados en otras entidades, como el caso de la “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales” que contempla en los estados de Hidalgo, México y Oaxaca la regulación de las comunidades indígenas en razón de género, aunque en el resto del país se trata de un tema poco atendido y que no está previsto en la normatividad local.
“Negarle a una mujer la posibilidad de ocupar los espacios públicos, daña de forma directa la democracia, el tejido social y a las mujeres como ciudadanos miembros de una sociedad democrática”.
El objetivo de colaborar con la Secretaría de Gobernación es el de asegurar que en los estados se está trabajando desde sus constituciones locales en mitigar la violencia política de género. La homologación de legislaciones garantizaría el derecho de las ciudadanas en representación.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero sostuvo que es necesario abonar a la igualdad de género y el combate a la violencia, en especial porque a pesar de que las mujeres representan 51 por ciento de la población en México, en términos de representación popular o política, el porcentaje disminuye.
“Nos encontramos ante la lamentable violencia política en razón de género que enfrentan muchas mujeres, cuando deciden ejercer su derecho a competir por un cargo de elección popular, pues ésta se ejerce en diversas etapas: antes, durante y después del proceso electoral, e incluso, ya en el ejercicio del cargo”.
MMCF