Además de estar sumidas en la pobreza y marginación, las mujeres indígenas reclamaron apoyo para alcanzar derechos de género y de libertad sexual, porque a ellas no ha llegado la posibilidad de estar visibles, estudiar y mucho menos decidir a qué edad empezar a ejercer su derecho a la reproducción, por lo cual su destino sigue siendo el hogar y el cuidado de los hijos.
Durante el Parlamento Abierto para actualizar la Constitución del Estado de México, representantes de diversos grupos pidieron ser reconocidos en la Carta Magna, pero no sólo a los grupos originarios, sino a otros que se asentaron en la entidad desde hace cientos de años y que no son tomados en cuenta.
El reclamo generalizado es que atiendan sus necesidades, sin pensar que son apoyos, ni favores o una visión paternalista. Aunado a eso pidieron tener representación en el Congreso local y federal, así como en los ayuntamientos, pero con capacidad de decisión y no sólo como adorno legal.
Evidenciaron que el progreso no llega a estas comunidades, ni las oportunidades laborales, por lo cual necesitan representantes que realmente luchen por sus derechos, los cuales están doblemente mermados en el caso de las mujeres indígenas, quienes siguen destinadas al hogar, a casarse y tener hijos desde temprana edad.
Al respecto, Marilyn Ramón Medellín, señaló que en las zonas indígenas persiste el machismo y los estereotipos. “Exigimos saldar esa deuda histórica para nosotras y para los pueblos originarios; proponemos que se visibilicen las condiciones graves de pobreza que existen, el analfabetismo”.
Pidió que la Constitución garantice los derechos de niñas y adolescentes indígenas, porque en realidad no tienen posibilidad de ejercer su sexualidad con libertad ni decidir cuántos y cuándo tener a sus hijos porque son temas en los cuales no tienen decisión, sin que siguen patrones ancestralmente marcados, donde su función sigue estereotipada al hogar, al cuidado de los hijos, con embarazos desde la adolescencia que impacta en su vida y su desarrollo.
A eso se suma la discriminación y violencia que no está documentada ni claramente visibilizada, donde a la mujer se le impide estudiar y con ello ingresar al campo laboral, para independizarse y tener incluso acceso a la justicia, con interpretes en su lengua materna.
Para ello propuso reconocer y garantizar su participación en todos los ámbitos, acceso a los servicios de salud, educación plurilingüe, propiedad cultural y aprovechamiento de la tierra, así como a una vida libre de violencia, por lo cual pidió al Congreso destinar partidas específicas al Ejecutivo y a los municipios hacer lo mismo en su ámbito.
MMCF