Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vigilancia del OSFEM y la de Planeación y Gasto Público aprobaron la desaparición del Consejo de Valoración Salarial y dejar en manos de la Legislatura la facultad de recomendar los salarios que deben percibir los servidores públicos de los tres poderes y municipios del Estado de México.
El dictamen fue aprobado por unanimidad, sólo se abstuvo de votar el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño por considerar que hace falta algo más coercitivo porque todo se queda en buenas intenciones y hay quienes se siguen despachando con la “cuchara grande”.
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La presidenta de la comisión de Gobernación, Mercedes Colín Guadarrama, le pidió que presente su iniciativa, pero mientras tanto sometieron a votación la presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el fin de centrar toda esta información cada año en el Paquete Fiscal.
Sólo falta votar el acuerdo en el pleno para que se envíe al Ejecutivo y pueda entrar en vigor, de manera que el Consejo ya no emita recomendaciones para este año y quede formalmente disuelto.
Esto al modificar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Suprior de la entidad, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo y dejar en manos de la comisión de Gasto Público, con apoyo del OSFEM, las definiciones salariales de cada ejercicio fiscal.
Las remuneraciones tendrán como base los recursos disponibles, el costo promedio de vida, el índice inflacionario, el grado de marginalidad, la productividad en la prestación de servicios públicos, la responsabilidad de la función y la eficiencia en la recaudación de impuestos.
Esto con el fin de evitar salarios fuera de la realidad y lograr que todos se sometan a un plan de austeridad. En el Ejecutivo las recomendaciones han sido acatadas, así como en el Legislativo y en la mayoría de municipios; los únicos que no aceptaron bajar su salario fueron los magistrados del Poder Judicial, quienes hasta 2018 cobraban de forma bruta 213 mil pesos al mes, quedando por arriba del presidente de la República.
El diputado Max Correa Hernández, de Morena, consideró idóneo el tema y vio con optimismo que todas las dependencias acaten las propuestas porque es un instrumento para demostrar el equilibrio de poderes, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
Mientras que el legislador Marlon Martínez Martínez, del PRI, señaló que es necesario luchar contra la corrupción, además de eliminar la discrecionalidad en la asignación de salarios que no coinciden con la realidad, además de fomentar la austeridad y el cuidado de los recursos públicos.
MMCF