El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México lleva 45 resoluciones por delitos graves cometidos por diversos servidores públicos que incurrieron en faltas graves en el manejo de los recursos públicos, las cuales fueron detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) durante las auditorías.
Durante los trabajos de análisis del informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas estatales y municipales del ejercicio fiscal 2020, los y las diputadas conocieron que hasta el momento han logrado 45 resoluciones, equivalentes a sentencias, de parte del Tribunal Administrativo.
La titular del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez, dio a conocer que derivado de esas resoluciones se han sancionado entre 17 y 19 servidores públicos, con inhabilitaciones de 10 a 20 años, suspensiones, destituciones del cargo y sanciones económicas.
Todo esto a partir de las revisiones financieras, de obra y desempeño que lleva a cabo el OSFEM. Cuando encuentra irregularidades no graves se envían al Órgano de Control Interno de la dependencia, donde el principal problema es que los contralores son juez y parte porque son nombrados y pagados por el titular, por lo cual no prosperan esos casos.
Los casos graves se van al Tribunal de Justicia Administrativa, pero algunos de ellos se alargan porque las personas señaladas los siguen combatiendo, como ocurre con el municipio de Tlalnepantla, donde un ex funcionario lleva 10 años litigando el caso en el cual están involucrados varios millones de pesos.
Donde ha sido posible concluir los casos se logró el resarcimiento de daños. En 2020 recuperaron 2 millones, en 2021 8 millones que regresaron a las arcas municipales, donde algunos regresan desde 140 mil pesos hasta 1 millón de pesos, pero todavía falta reintegrar más dinero.
La auditora explicó que el proceso de solventación es muy largo, puede llevar meses. Actualmente sólo tienen 20 expedientes en esta etapa, de 94 auditorías.
Aclaró que el presentar documentación o responder a los señalamientos no significa que la duda esté solventada; no es un asunto automático, en promedio se lleva cada revisión 120 días.
Durante el primer día de trabajo la auditora y personal del OSFEM empezaron a responder las preguntas que le mandaron por escrito. Los diputados del PRI optaron por hacer sus planteamientos de manera directa para cuestionar la razón por la que se auditó a determinadas dependencias u órganos en lugar de otras.
Uno de los cuestionamientos fue por qué revisaron los programas sociales del 2020 si ya se habían revisado los del 2019, pero no cuestionaron a qué se deben las observaciones por más de 2 mil millones de pesos a estos programas.
Aseveró que antes de 2019 nunca fueron auditados los programas sociales y decidieron repetir dos años seguidos estas auditorías por el monto de recursos, las observaciones que encontraron el primer año, así como por los cuestionamientos que varios legisladores hicieron al uso y destino de estos recursos.
MMCF