Sexuales del Estado de México como una medida de seguridad y protección a la comunidad, que además servirá a las autoridades electorales para que identifiquen a quienes no reúnen los requisitos para ser candidatos a ediles o diputados locales en las elecciones en junio del siguiente año.
La iniciativa de ley de los diputados Tanech Sánchez Ángeles y Margarito González Morales impacta de manera directa al Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la entidad.
Esto, luego que este año se hicieron cambios a las reglas electorales y los deudores alimentarios y agresores sexuales no pueden ser registrados como candidatos a ningún puesto de elección popular; sin embargo, hasta el momento no existe un listado donde se pueda corroborar el dicho del aspirante a diputado o presidente municipal.
Esta iniciativa está enfocada en la creación de un registro que permita contar con información de las personas con sentencia firme, con el uso correcto de los datos personales, respeto a la privacidad y el uso adecuado de la información, incluyendo datos de uso exclusivo del Ministerio Público.
Los legisladores refieren que Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Perú ya cuentan con este tipo de leyes y registros, con el fin de lograr la no repetición de los eventos y una vida libre de violencia, sobre todo en una entidad con dos alertas por violencia de género.
Apuntaron que la reparación e indemnización no impide la inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales donde estarían incluíos quienes sean sentenciados por trata de personas, uso de menores en actos de pornografía, acoso y hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, feminicidio, entre otros.
Durarán en el registro todo el tiempo que dure la pena y se hará extensivo sin importar el sexo de la víctima o víctimas del delito y cuando sea menor de edad, el tiempo que deberá estar inscrito lo determinará un juez, dependiendo del delito, y este no podrá ser menor a 10 años ni mayor a 30.
Tratándose de delitos cometidos con violencia de género no procederán los sustitutivos penales ni tampoco la eliminación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
El Registro sería una unidad administrativa adscrita a la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la de Seguridad y alimentada por el Poder Judicial de la entidad.
Podrá reducirse su tiempo de estancia en este portal comprobando conocimiento y constancias de asistencia a cursos de manejo de ira, sensibilización, perspectiva de género o similares que coadyuven a evitar su reincidencia en conductas de carácter sexual.
La iniciativa se turnó a comisiones para su análisis. Si se aprueba en este año y se alimenta de inmediato podrá ser usado en los siguientes comicios locales, sino hasta la renovación de la gubernatura.
MMCF