El Grupo Parlamentario de Morena propuso al pleno reformar el Código Penal de la entidad para tipificar el delito de amenazas y sancionarlo con una pena de cinco días a un año de prisión o de 100 a 180 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pues actualmente sólo se considera como agravante.
Esto sería aplicable a quien amenace a otro con causar u originar a él, ella, o su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado, algún tipo de daño o perjuicio en su persona, bienes o derechos, y a quien por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir a otra persona ejecutar lo que tiene derecho a hacer.
La iniciativa signada por los diputados Daniel Andrés Sibaja González, Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte, Camilo Murillo Zavala y Luz María Hernández Bermúdez reconoce las agravantes que ya considera la ley, donde las penas se incrementan hasta en una tercera parte.
En el cuerpo de la iniciativa se indica que si el sujeto pasivo por la amenaza fuere víctima u ofendido o testigo de un procedimiento penal, la pena será de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multas, lo cual se perseguirá de oficio.
En caso que se cumpla la amenaza, la penalidad se acumulará a la sanción del delito que resulte. Además, proponen exigir caución de no ofender si los daños con los cuales se amenaza son leves o evitables, si las amenazas son por medio de emblemas, señas, jeroglíficos o frases de doble sentido y si la amenaza tiene por condición que la persona no ejecute un hecho ilícito en sí, por lo cual el juez estimará el monto de la caución y si no cumplen con otorgarla, se les impondrá una multa de 50 a 100 veces UMAS.
La argumentación
Durante la presentación al pleno, los diputados argumentaron que las amenazas constituyen un delito en auge, como resultado de su correlación directa de niveles de violencia a los cuales está expuesta la sociedad. Según La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2022 llevada a cabo por el INEGI indica que en 2021 ocurrieron 28.1 millones de delitos asociados con más de 22 billones de víctimas, donde 9.2 por ciento fueron amenazas verbales, posicionadas como el quinto delito con mayor incidencia a nivel nacional.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del Inegi reportó que entre 2020 y 2021 las amenazas fueron uno de los principales ilícitos registrados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación, con un incremento relevante al pasar de 105 mil 464 a 120 mil 864, lo cual equivale a un incremento de 14.6 por ciento en solo un año.
En el Código Penal Federal se contempla esta figura y se aplican sanciones de tres días a un año de prisión, o de 180 a 300 días multa, no obstante el Código Penal del Estado de México no contempla en su cuerpo legal el delito de amenazas, únicamente lo considera como un agravante de otros delitos como resistencia, violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, violencia familiar y de género, extorsión, feminicidio y delitos cometidos por servidores públicos de la procuración y administración de justicia.
No se contempla en la entidad
De hecho, el Estado de México es la única entidad donde no se sanciona específicamente el delito de amenazas, por lo cual no se tiene registro de denuncias, ni políticas públicas para su prevención, atención y erradicación, por lo que resulta necesario legislar de manera urgente para eliminar este rezago y el vacío legal que existe en la normativa mexiquense.
La iniciativa de ley fue turnada a análisis en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia dónde se analizará la propuesta y se dictaminará en los próximos días.
JGM