A más de tres meses que el Congreso mexiquense aprobó reformas al Código Penal estatal para prohibir y sancionar las terapias de conversión sexual, no se ha publicado el decreto y siguen sin entrar en vigor las sanciones para quienes de manera violenta busquen cambiar las preferencias sexuales de una persona.
En días pasados, un grupo de mujeres se manifestó en la Plaza Cívica, en Toluca, e hicieron pintas para protestar porque no se ha atendido la petición de despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y si han atendido a la comunidad trans, pero en realidad tampoco ha salido adelante esa reforma.
El acuerdo fue aprobado en comisiones a finales de septiembre y por el Pleno en octubre, pero hasta el momento el Ejecutivo no ha ordenado la entrada en vigor de los últimos ajustes al artículo 211 del Código Penal mexiquense que demandó la comunidad LGBTTTIQ+.
La autora de la iniciativa, Beatriz García Villegas, informó que hasta el momento el Ejecutivo no ha hecho observaciones a la Legislatura ni ha vetado oficialmente el tema, por lo cual buscarán una explicación por esta omisión que pareciera deliberada, porque ya son tres meses 20 días sin atender el tema.
Todo parece, dijo, que alguien trata de “boicotear” esta reforma y obstaculiza un derecho de la comunidad lésbico gay, sin respetar un acuerdo de la Legislatura, donde sólo el PAN estuvo en contra y se incluyeron las observaciones que hizo el Partido Revolucionario Institucional.
Recordó que este logro fue difícil desde la dictaminación por la oposición del grupo parlamentario del PAN y la abstención de algunos priIstas y diputados sin partido, pero finalmente se aprobó por mayoría de votos en comisiones y luego en el pleno.
Con ello se busca castigar con penas de uno a tres años de prisión o 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa, con agravante de hasta una mitad si la víctima pertenece a un sector vulnerable, como son menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o quienes no tienen capacidad para comprender estos hechos.
Esto, luego que diversas organizaciones denunciaron este tipo de prácticas en la entidad, donde los padres o algún familiar obligan a sus hijos e hijas a tomar terapia psicológica, psiquiátrica y sexual para cambiar su orientación.
MMCF