Derivado de los resultados del censo poblacional de 2020, el Estado de México y los municipios de la entidad perderán este año 3 mil 700 millones de pesos de participaciones, que impactarán a todo el sector público, justo en plena pandemia y cuando la recaudación ha caído, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González.
Esto, dijo, sumado a las millonarias deudas que heredaron los municipio, impacta a varias localidades, como es el caso de Toluca, donde se juntaron varios problemas que derivaron en un atraso en el pago de la nómina de la primera quincena de julio que se resolverá por completo este viernes, a partir de un acuerdo con el gobierno estatal para que en este momento no le retenga recursos a la capital mexiquense para que pueda hacer frente a sus compromisos.
Luego de intervenir por la capital mexiquense ante el Poder Ejecutivo, se logró destrabar el conflicto y el ayuntamiento podrá cubrir la primera quincena del mes de julio este viernes y la segunda será entregada a tiempo, sin dilación alguna, para no afectar la economía de los empleados.
Pidió que no se trate de sacar raja política de este asunto, pero desafortunadamente salieron “los intereses mezquinos de quienes van a tomar el poder para decir que el ayuntamiento es un desorden, para amarrarse el dedo antes de la cortada” señaló en entrevista.
El legislador aclaró que actuaron como mediadores para atender el caso Toluca porque les interesa que las cosas no lleguen a extremos de violencia o descontento social, pues no hay razón porque no es atribuible al ayuntamiento ni al gobierno del Estado de México, es la situación general del país.
El problema se acentuó en Toluca porque como muchos municipios dependen en gran medida de las participaciones que les entrega gobierno federal y el estatal y si a eso se suma que la recaudación de impuestos es muy baja, que las participaciones bajaron, que deben pagar los adelantos de 2020, que les retienen los pagos de cuotas atrasadas del ISSEMyM y CAEM.
Pero sobre todo, aseveró, recibieron deuda a largo plazo y tan sólo de pasivos a corto plazo, de decenas de acreedores que reclamaban sus pagos, más de 950 millones de pesos, que corresponden a las tres últimas administraciones, la de Zamora, María Elena Barrera y Martha Hilda González Calderón.
El gobierno, como otros, asume la deuda porque es institucional y ha tenido que hacer frente a obligaciones que rebasan la capacidad financiera del ayuntamiento.
El acuerdo no fue que el gobierno estatal asuma los gastos ni los pagos de los trabajadores, sino que le dé tiempo y no le retenga recursos para que tenga mayor capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.
KVS