La Junta de Coordinación Política (Jucopo), acordó dictaminar la siguiente semana seis iniciativas de ley. Entre ellas, las reformas que faculta al Poder Legislativo para poder establecer las percepciones salariales de todos los funcionarios públicos de los tres poderes y municipios a partir del siguiente año.
El acuerdo es reunirse en comisiones unidas el próximo martes 23 de junio para dictaminar la propuesta que los integrantes de la Jucopo presentaron el martes pasado en la Diputación Permanente, para desaparecer al Consejo de Valoración Salarial y pasar esas facultades al Congreso local.
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Al ser una propuesta avalada por los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones parlamentarias, la iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo está prácticamente acordada y sólo falta seguir el protocolo para votar el dictamen en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vigilancia del OSFEM, Planeación y Gasto Público.
Luego se pasaría al pleno para su votación en un periodo extraordinario o hasta el periodo ordinario que arranca en julio, pues técnicamente se aplicaría hasta el mes de noviembre y diciembre, con la revisión del Paquete Fiscal para el año 2021.
Con esto se daría facultades a la comisión legislativa de Planeación y Gasto Público para formular opiniones y, o recomendaciones en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la entidad, con apoyo del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).
Los partidos representados en la Cámara consideraron necesario que en el presupuesto anual se señalen las remuneraciones de los servidores públicos, tomando en cuenta que quienes laboran en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los órganos autónomos y los ayuntamientos tienen derecho a recibir una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Las remuneraciones, establecen, deben determinarse considerando varios factores como son los recursos económicos disponibles, el costo promedio de vida, el índice inflacionario, el grado de marginalidad, la productividad en la prestación de servicios públicos, la responsabilidad de la función y la eficiencia en la recaudación de impuestos, garantizando la eficacia, eficiencia, honestidad y productividad en el desempeño de sus funciones.
Además, en la agenda de comisiones también están adecuaciones al Código Administrativo para garantizar la paridad de género en la realización de infracciones de tránsito; cambios a la norma municipal para certificar a servidores públicos municipales y un punto de acuerdo para exhortar a los municipios a que integren sus institutos de la Juventud porque todavía faltan muchos de atender este tema.
MMCF