Legisladores mexiquenses acordaron prohibir y sancionar penalmente las terapias de conversión sexual con penas de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa, con agravantes de hasta una mitad si las víctimas pertenecen a sectores vulnerables.
La propuesta de la diputada Beatriz García Villegas, al artículo 211 del Código Penal, establece como agravante cuando este delito se cometa en contra de menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores y personas privadas de su libertad o que no tienen la capacidad para comprender el significado de este hecho.
La aprobación fue con la abstención de los panistas que no avalaron el dictamen ni fijaron su postura, Ingrid Krasopani, Karla Fiesco, Brenda Aguilar y José Antonio García. Sólo este último expresó que en la práctica será difícil demostrar que un médico es obligado a aplicar estas terapias.
También se abstuvo el ex pesista, Carlos Loman, quien señaló que la propuesta se queda corta y advirtió que con este tipo de cambios se polariza el debate y la doble discriminación.
En el acuerdo quedó asentado que “se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea la violencia física, moral, psicoemocional o sexual, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas”.
La autora de la iniciativa refirió que el pasado 24 de junio en la Ciudad de México se tipificó la tortura a la comunidad LGBTTIQ+ lo que muestra un avance hacia una sociedad más justa, con libre autodeterminación, sin transgresiones a los derechos humanos.
A la comisión acudió Francisco Fierro Sosa, director general jurídico y consultivo de la Fiscalía de Justicia, quien pidió cuadrar bien el tipo penal y sobre todo cuando se agrava la pena.
Juan Maccise, del PRI, resaltó que se trata de una iniciativa noble; Alicia Mercado se quejó de la existencia de grupos conservadores que no reconocen la realidad social; mientras que Claudia González del PRD, dijo que su grupo parlamentario está a favor de estos temas y María Luisa Mendoza del PVEM, reconoció que todavía se les debe mucho en el reconocimiento de derechos civiles.
A favor se manifestaron también Liliana Gollas, quien dijo que ser diferente no es una enfermedad; Anaís Burgos, quien leyó una carta de la comunidad LGBTTI de Chalco donde señalan que amar no es una enfermedad y las terapias son tortura.
MMCF