La organización Educación con Rumbo acusó la violación a la suspensión provisional en torno al amparo que ordenó a la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025.
Advirtió que las autoridades educativas no acreditaron estar realizando los trámites para participar en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, mejor conocida como PISA, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual evalúa los rubros de lectura, matemáticas y ciencias de los estudiantes de 15 años en México.
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El abogado constitucionalista de la organización, Miguel Ángel Ortiz, refirió que dentro del amparo la SEP y Mejoredu se han negado a cumplir la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación lo cual generaría sanciones que van desde multas hasta la destitución e inicio de procedimientos de carácter penal.
“Al día de hoy la SEP y Mejoredu se han abstenido de cumplir la suspensión concedida en el Amparo, lo cual resulta extraño en dos vertientes: la primera por desacatar una instrucción del presidente de la República quien manifestó que la Prueba Pisa se realizaría y la segunda por violar un mandato del Poder Judicial de la Federación, por lo cual tanto la Secretaria de Educación Pública como la comisionada presidenta del Mejoredu deben rendir cuentas a la sociedad y a las instancias competentes” precisó el abogado constitucionalista.
Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Educación con Rumbo agregó que hay una ventana de oportunidad para llevar a cabo la Prueba Pisa, ya que estamos a ocho de semanas de que concluya el ciclo escolar, dentro del cual debería realizarse una prueba piloto que establezca los parámetros de la Prueba Pisa a ejecutar durante 2025.
“Quien está en contra de llevar a cabo la Prueba Pisa en México, está en contra del derecho humano de los niños a una educación científica, de excelencia y de mejora continua como lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales, por lo cual la Sociedad Civil exigirá cuentas ante las instancias legales que correspondan”, señaló.
aag