El apoyo civil a candidatos a fiscal

Organizaciones de la sociedad civil, empresariales, universidades e institutos de investigación, entre otros grupos, apoyan la candidatura de 11 de los 27 aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser el próximo titular de la Fiscalía General de la República, tema que se prevé se discuta en el periodo extraordinario programado para el 16 de enero.

De acuerdo con información entregada al Senado, dos de los candidatos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador están respaldados por diversos grupos. Alejandro Gertz Manero, actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), recibe apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Barra Mexicana de Abogados, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

En tanto, al Bernardo Bátiz, ex procurador del Distrito Federal durante la administración de López Obrador, los siguen la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Análisis de Desarrollo del Derecho y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Sin embargo, Bernardo Jaime González, alcalde interino de Monterrey, cuenta con el mayor número de organizaciones que lo respaldan, nueve, entre ellas la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Universidad de Monterrey, Universidad Regiomontana, Facultad de Derecho de Monterrey, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, Cámara de la Industria de la Transformación Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, Cámara de Comercio de Canadá y Fundación Appleseed México.

Le sigue José Jorge Campos Murillo, subsecretario de Movilidad y Transporte de Durango, impulsado por ocho grupos de su entidad como la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos AC, Colegio Barra de Abogados Benito Juárez, Coordinación de Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de España, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Barra Mexicana de Abogados, Unión de Transportes y la Facultad de Derecho Universidad Juárez de Durango.

Otro de los candidatos es Miguel Nava Alvarado, abogado defensor de derechos humanos, cuya candidatura es respaldada por el Frente de Prevención del Querétaro, Atención Bienestar y Cuidado, Colegio de Abogados doctor José Luis Soberanes Fernández, Jóvenes Unidos por los Derechos Humanos y la Familia, y coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas.

A Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, quien fue aspirante la Fiscalía Anticorrupción, la apoyan European Center For Transitional Justice, la Barra Nacional de Abogados Líderes CONCAAM y Coalición de Derechos Humanos. Mientras que Florencio Hernández Espinoza, ex juez de Veracruz, es impulsado por el Centro de Estudios y la Confederación Nacional del Campo delegación Veracruz. En tanto, Ángel Buendía Buendía, por la Universidad del Distrito Federal; Estela Cadena Ancona, ex delegada de la PGR, por la Barra Interamericana de abogados, y Gabriel Hernández Campos, por el Sindicato Nacional de Empresarios.

CLAVES

REVISAN PERFILES
La Comisión de Justicia revisa cada uno de los perfiles para agendar este tema en el periodo extraordinario de sesiones, previsto a partir de la segunda quincena de enero.

DICTAMEN FUNDADO
Después remitirá a la Junta de Coordinación Política, mediante dictamen fundado y motivado, el listado de quienes reúnen las condiciones de elegibilidad para el cargo.

ELECCIÓN DE 10
A su vez, la junta elegirá a diez que, por conducto de la Mesa Directiva, pondrá a votación del Pleno del Senado; la lista será enviada al Ejecutivo para que forme una terna.

TERNA DEL EJECUTIVO
De dicha terna se desprenderá un procedimiento de elección que incluye entrevistas y la elección del fiscal (con votación de dos terceras partes de los senadores presentes).