IMSS entrega contrato a empresa cuyo dueño fue acusado de fraude

Valdemar Pérez Ríos fue investigado en México y Estados Unidos por falsificación de documentos y fraude, aseguró Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

En México se avanza en fabricar respiradores para pacientes con covid-19. (Adriana Magallanes)
Francisco Mejía
Ciudad de México /

El propietario de la empresa Levanting Global Servicios SA LLC, Baldemar Pérez Ríos, a quien el IMSS le entregó un contrato millonario para adquirir respiradores contra el coronavirus, tiene tras de sí acusaciones de fraude.

“Una de las empresas ligadas a Baldemar fue inhabilitada en México en 2010, acusada de haber falsificado documentación para obtener un contrato millonario en Pemex”, según revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Esta persona de nacionalidad mexicana, aunque con residencia en Houston, fue sentenciada en julio de 2017 “por haber servido de supuesto testaferro en el fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex”.

En una breve síntesis de dicha investigación, se afirma que la autoridad reguladora de mercados de valores de Estados Unidos y Petróleos Mexicanos, “denunciaron en diversos juicios a Baldemar Pérez Ríos”.

Recientemente, Levanting Global Servicios SA LLC, acaba de ser beneficiada por el IMSS con un contrato de adjudicación directa por 93 millones de dólares para surtir de 2 mil 500 respiradores contra el coronavirus, cuyo equivalente en pesos mexicanos es de 2 mil 223 millones de pesos.

Se señala que la “proveedora del equipo médico es una empresa de servicios petroleros que fue constituida el 24 de febrero de 2015 en Missouri City, en la zona conurbada de Houston”.

Hasta el año pasado en los registros de la oficina texana de finanzas aparece como director de la empresa Baldemar Pérez Ríos (también mencionado como Baldemar Ríos) un ingeniero químico que en su currículum asegura que durante varios años trabajó para Pemex.

Sin embargo, en registros públicos del gobierno mexicano consultados por investigadores de MCCI, no aparece su nombre.

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