“El tiempo se agota”, advirtieron los papás de los 43 estudiantes desaparecidos durante los ataques del 26 de septiembre de 2014, al señalar el riesgo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegue al final de su mandato sin cumplir con el compromiso de esclarecer el caso y sancionar a los perpetradores.
A ocho años de distancia, los padres agraviados reprocharon que las fuerzas armadas se nieguen a ser investigadas y más aún, que las autoridades civiles sucumban ante su poder y declinen la acción penal, dando marcha atrás a las órdenes de aprehensión que ya se habían otorgado
En un comunicado emitido, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos manifestaron que se encuentran en pie de lucha y con la frente en alto, en su búsqueda permanente.
“En este sinuoso camino hemos perdido a varias madres y padres que se han adelantado sin saber el paradero de sus hijos, un ejemplo de este temple y entrega por la causa, es la de nuestro compañero Bernardo Campos, quien arriesgó su salud y perdió la vida buscando hasta el último aliento a su hijo”.
En el comunicado, los integrantes del colectivo califican como irracional la violencia desplegada por policías, soldados y delincuentes durante la noche del 26 de septiembre contra sus hijos.
“Golpean nuestra memoria en estos días, sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que solo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un estado decadente”, señala el texto.
Refirieron que desde los ataques, han pasado cuatro años del gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, y cuatro del actual, "ocho años que han sido insuficientes para llegar a la verdad".
“La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias, para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43”, señalan los padres y madres.
Continúa: “Por su parte, el gobierno actual, pese a su compromiso de esclarecimiento, solo ha presentado avances parciales”.
Ante dichas actitudes, asumieron: “al día de hoy, estamos lejos de obtener verdad y justicia, en las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica indubitable”.
“Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor”.
Particular énfasis muestran en la parte en que se refieren a lo inalcanzable que se muestran los militares involucrados en los hechos, particularmente los que estaban en Iguala durante los ataques.
“Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde allí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos, los militares se niegan a ser investigados, pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión”.
“No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables, se creen fuera del imperio de la Ley. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando16 órdenes de aprehensión que existían en su contra”.
Reprocharon que como en el gobierno anterior, las autoridades han mentido a las familias afectadas.
“Primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales, entre ellas contra 16 militares, mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio, sin darnos una explicación, por el contrario, se agazapan, nos cierran las puertas de las instituciones y ponen al frente a la policía, como muestra de su indolencia”.
Reprocharon que la actual administración ha criminalizado la lucha y protesta de los padres y la comunidad estudiantil de las normales rurales.
Denunciaron también que se recurre al "fantasma de la infiltración e intereses ajenos" en las protestas para descalificar la causa de la lucha, invisibilizando e invalidando el dolor de los padres y madres agraviados.
Señalaron que para frenar los pocos avances en el caso, se abren guerras "intestinas" dentro del gobierno, “golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron, creando un ambiente enrarecido que frena el avance del caso".
También acusan al gobierno de filtrar a los medios de comunicación, partes sensibles de la investigación para obstaculizar los procesos judiciales, así como el acceso a la justicia.
“Se culpan mutuamente por los fracasos judiciales, por su parte los perpetradores se engallan y tienen voz en los medios de comunicación, mientras nosotros, como víctimas pasamos los tragos amargos de la impunidad”, reprocharon.
En la parte final del comunicado, los padres de los 43 advierten el miedo de que a López Obrador se le termine el mandato sin llegar a la verdad ni la justicia.
“Los días de esta administración gubernamental se agotan y nuestro caso se empantana en un lodazal de manoteos, zancadillas y golpes por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad”.
En ese tenor, advirtieron: “desde aquí les decimos, las madres y padres de los 43 y la normal rural de Ayotzinapa, no lo permitiremos, alzaremos nuestra voz”.
“Recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia”.
JLMR