La elección por voto popular de consejeros y magistrados electorales tendría un costo superior a los ocho mil millones de pesos, advirtió el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Subrayó que dicho monto “contrasta con el principio de austeridad que busca el propio gobierno en su iniciativa de reforma electoral”.
De acuerdo con el estudio “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, la iniciativa del Ejecutivo ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que se deben considerar durante el proceso de deliberación legislativa.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez, suscrito por el investigador César Alejandro Giles, alerta asimismo sobre el riesgo de que, en un escenario de hegemonía partidista como el actual, los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal.
Incluso, transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país, en la medida en que se haría parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.
“Otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política”, señala.
Según la investigación, uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual pudo ser posible gracias a la autonomía, ciudadanización y profesionalización de las autoridades electorales.
LG