La elección de juzgadores no es una elección de segunda, señaló el magistrado de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Ernesto Camacho Ochoa al reprobar que se estén desechando sin analizarse, las impugnaciones de personas que cumplían el perfil para ser candidatos pero fueron eliminados de las listas.
Sostuvo que con ello se impide el acceso a la justicia a las personas que están reclamando un derecho constitucional, pues bajo el argumento de que esa etapa del procedimiento ya concluyó, ni siquiera se analiza la demanda, lo cual no sucede con quienes participan en una contienda política.
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“No debe haber elecciones de primera y elecciones de segunda, esta no es una elección de segunda”, expuso, antes de votarse el proyecto que desechó la queja contra el Trieltam del tamaulipeco Carlos Alberto Terán, quien cumplió los requisitos y alcanzó un perfil de idoneidad, pero fue excluido de las listas debido al ajuste de género.
Desde su punto de vista, debe decirse al quejoso si tenía o no razón, pero jamás se sabrá y ello le parece violatorio de la ley, porque se deja sin acceso a la justicia a las personas que presentan un reclamo y a la ciudadanía que ya no tendrá esa opción en la boleta.
“El Tribunal Electoral estatal (primera instancia en desechar el reclamo) se lava las manos y le dice que es inviable su pretensión”, expresó, subrayando que los comités de evaluación de los tres Poderes del Estado “no deben tener inmunidad para violar la Constitución”.
Ernesto Camacho manifestó que los primeros que deben respetar la Constitución son los jueces y no obstaculizar el acceso a la justicia.
La magistrada Claudia Valle, presidenta de la Sala Monterrey, reconoció que hay “barreras no deseables sobre la definitividad de algunas etapas que no permiten retrotraer fases que ya se agotaron”.
Camacho Ochoa reiteró “el problema es que nadie está revisando y el comité de evaluación no es un órgano supra nacional que tenga un espacio de inmunidad para violar la Constitución y pasarse la ley como quiera, no es más que un órgano técnico al servicio de la ciudadanía, no pueden hacer y deshacer, deberían ser hasta llamados a cuentas sus integrantes”.
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SJHN