La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto llamó a las autoridades electorales y jurisdiccionales del país, a proteger el orden constitucional vigente y dejar atrás las añoranzas al pasado, pues recalcó que la Sala Superior hará valer la elección judicial más allá de las críticas que buscan menospreciar sus determinaciones.
Al asistir al informe de labores de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta de la Sala Superior recalcó que el que la elección judicial sea un proceso novedoso, “no quiere decir que tenga mejor grado constitucional”.
Por lo que señaló que la Sala Superior seguirá fortaleciendo la justicia electoral en este proceso y convocó a todas las instituciones a que hagan lo mismo, dejando de lado las añoranzas al pasado, pues lo que se debe respetar es la Constitución vigente y ésta, incluye la renovación de los cargos judiciales.
“Hago un respetuoso llamado a todas las instituciones y órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales para que trabajemos de manera cohesionada, regidos por el deber y la convicción de proteger el orden constitucional electoral vigente sin añoranzas al pasado. Solo así garantizaremos transiciones de poder ordenadas, apegadas a la Constitución y a los principios democráticos sin comprometer la paz social que ha caracterizado a nuestro país, y ello gracias a la solidez de las instituciones.
“No atendamos ningún llamado al debilitamiento institucional y respondamos siempre con el deber y la responsabilidad que nos obliga nuestra Constitución. Debemos estar convencidas y convencidos del inmenso valor de nuestro trabajo para la estabilidad democrática de nuestro país”.
Soto sostuvo que “a pesar de las críticas”, la actuación de la Sala Superior no se basa en presiones ni en intereses ajenos a la justicia, sino en su obligación de mantener un sistema democrático sólido, por lo que reiteró su llamado a “no ceder ante cuestionamientos infundados, sino demostrar fortaleza institucional, cumpliendo estrictamente con lo establecido en nuestra Constitución”.
La presidenta del Tribunal Electoral volvió a mostrar su rechazo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó el pasado 13 de febrero que el bloque mayoritario de la Sala Superior excedió sus funciones al autorizarle al INE y al Senado no acatar las suspensiones emitidas por jueces de distrito, y concluyó que esas resoluciones eran meras opiniones de una mayoría.
“Últimamente han surgido voces que pretenden poner en duda nuestra integridad y nuestra actuación, a las que hemos respondido con determinación y firmeza.
“Es imperativo rechazar cualquier menosprecio hacia nuestras sentencias y también hacia este órgano de impartición de justicia de nuestro país. Éstas, no son meras opiniones, sino decisiones que garantizan el cumplimiento de la ley y la voz que enuncia los ideales democráticos de nuestra Constitución, su cumplimiento no es opcional, sino un mandato que fortalece el Estado de Derecho”.
Y a pesar de que la Suprema Corte es la máxima autoridad en el país, Mónica Soto insistió en que no permitirán injerencias a la Sala Superior considerada última instancia en materia electoral.
“No hemos permitido, ni permitiremos en el futuro la intromisión de ninguna otra instancia que bajo el pretexto de proteger la legalidad busquen socavar nuestras competencias. La solidez jurídica de nuestras sentencias es la mejor manera de responder a cualquier crítica, cuestionamiento o expresión de desconfianza, incluso, intento de menoscabar lo que es la autonomía de esta institución.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce solamente de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales. No existe disputa competencial con ninguna autoridad jurisdiccional. Todo proceso electoral está compuesto por etapas e impera el principio de definitividad. El Tribunal Electoral no está subordinado a ninguna autoridad jurisdiccional, ni de ninguna índole. Nuestras competencias y facultades no son cuestiones de interpretación o discrecionalidad, están establecidas como un mandato constitucional y convencional”.
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