El magistrado José Luis Vargas Valdez rechazó que el proyecto de sentencia que plantea anular el triunfo de la panista Martha Erika Alonso, en la gubernatura de Puebla, responda a presiones políticas por parte de Morena o del gobierno federal.
Durante su participación en la segunda Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, Vargas Valdez aseguró que su proyecto resulta de un análisis exhaustivo de todas las pruebas que se presentan.
“En mi persona no (hay presión) y es por lo que decidí hacerlo público, en ocasiones anteriores la Sala Superior ha hecho públicos algunos proyectos y es una decisión del ponente tomar esa decisión, pero insisto esa es mi propuesta y ya dirán los magistrados si se aprueba o no”, recordó.
Ante las críticas que se desataron, el magistrado electoral dijo que, con independencia del sentido que se resuelva la elección de Puebla, siempre habrá quienes estén inconformes al grado de politizar algunas de las decisiones jurídicas.
“No sé dónde estaría la presión, es una convicción. Del lado que nosotros resolvamos se va a decir que fuimos presionados el otro lado, esa es parte de lo complejo que es juzgar porque obviamente se politizan decisiones jurídicas, y los actores están en su derecho de manifestarse si no les parece la propuesta que yo hago y están en su derecho de manifestarse”, sentenció.
No obstante, explicó que la propuesta que presenta está plenamente sustentada, y corresponderá al resto de los magistrados electorales determinar si la anulación de la elección para la gubernatura de Puebla procede o no.
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Vargas Valdez recordó que el principal argumento para presentar la nulidad responde a la perdida de la cadena de custodia de las boletas por parte del Instituto Electoral del estado y que en más de 50 ocasiones se abrió la bodega sin el resguardo debido o la presencia de los partidos.
Agregó que, en caso de que se apruebe su proyecto, los candidatos podrán volver a contender, ya que la falta de certeza del proceso electoral se le atribuye a la propia autoridad electoral del estado, lo que demuestra lo lejos que estamos de garantizar la imparcialidad de los órganos locales.
Consideró que esta es la principal razón por la que plantea la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) será quien organice dicha elección a principios de febrero, para permitir que se cuenten con 60 días de campaña.
evl