Frente a los comicios locales de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) intentará revivir los lineamientos de “cancha pareja” que impulsó durante la pasada campaña presidencial para regular la propaganda gubernamental con fines electorales y que fue revocado por “invadir facultades”.
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En sesión pública, el Consejo General determinó atraer la facultad de fijar criterios para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad de la contienda; así como para evitar que se generen acciones de presión a los votantes.
Si bien ambos lineamientos se basan en los mismos principios, en esta reedición no se hace referencia directa los dirigentes de partidos, funcionarios públicos o candidatos; aunque sí se hace referencia a la restricción de emplear propaganda gubernamental y programas sociales con fines electorales.
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Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que este acuerdo es resultado de diversas resoluciones previas asumidas por las autoridades electorales con anterioridad, que han permitido tener elecciones libres y competidas, “no es nada nuevo”.
Córdova Vianello, recordó que una de las preocupaciones transversales en el diseño de la democracia mexicana, ha sido evitar que recursos o poderes públicos influyan en el desarrollo equitativo de las elecciones; por lo que el proyecto busca dar claridad y reforzar las normas para garantizar el voto libre e informado.
“Esto es una tarea que en todo caso ha hecho ya el legislador constitucional en el artículo 134 constitucional”, dijo al recordar que se mantiene pendiente una legislación secundaria que fue lo que llevó al INE a emitir previamente dos acuerdos muy similares que fueron revocados por el Tribunal Electoral.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama consideró que la emisión de estas directrices responde a la fragilidad del Estado y su incapacidad para evitar que las acciones de gobierno puedan realizarse como acciones que puedan beneficiar a un partido político en proceso electoral.
“Hay gobiernos de todos los partidos y son reglas que pusimos cuando otro partido estaba en el gobierno; así que no tiene un destinatario partidista en singular, sino a los gobiernos en turno y si están comprometidos con la legalidad y con lo que mandata el 134 constitucional, de no intervenir en las preferencias electorales, pueden darse por aludidos, pero no por incomodados porque ninguna ofensa o agravio les causará este tipo de acuerdo”, sentenció.
Murayama reconoció que esta es la segunda ocasión que la autoridad electoral pretende regular este tipo de acciones; sin embargo, aseguró que en esta ocasión las directrices se constriñen exclusivamente al tiempo de campañas; por lo que no había elementos para su revocación.
nerc