Todavía no arrancan las campañas políticas en Tamaulipas, pero ya algunos aspirantes a los diferentes cargos de elección popular llegan con sanciones del árbitro electoral, derivadas de 51 denuncias entre 2020 y 2021 por promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados proselitistas.
Del 27 al 31 de marzo, es el plazo para registrar candidaturas de alcaldes y diputados locales ante el Ietam, donde se formalizará la inscripción de planillas y fórmulas a contender, etapa a la que se llega con diversas infracciones.
El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, explicó que la Ley Electoral del Estado en su libro octavo, establece todo lo relacionado al régimen sancionador.
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Destacó que el Ietam es uno de los cuatro órganos locales a nivel nacional que tiene entre sus atribuciones el conocimiento, investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores que establece dicho marco jurídico.
Indicó que la reforma del 2014 perfila a los tribunales electorales como las instancias jurisdiccionales que resuelven los procedimientos sancionadores. En el ámbito federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta no solo con la Sala Superior y Regionales, sino también con una Especializada que conoce de los procedimientos especiales sancionadores y resuelve este tipo de demandas.
“En el caso del Instituto Electoral de Tamaulipas, nosotros somos competentes para conocer de las quejas y denuncias, realizar la investigación y sustanciar la queja correspondiente y en su momento imponer una sanción”.
Precisó que en el año 2020 se presentaron 22 procedimientos sancionadores ordinarios, los cuales han sido resueltos en su totalidad; en cuatro de ellos se impuso amonestación pública y además en dos se aplicaron multas.
“Lo más denunciado fue la propagada personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña. Entre los actores con más denuncias estuvieron diputados locales, legisladores federales, precandidatos, senadores y regidores”.
Con el arranque del proceso electoral el 13 de septiembre de 2020, se inician o activan los procedimientos “especiales” sancionadores, cuya particularidad es que tienen plazos mucho más reducidos para resolverse, y todos los días y horas son hábiles para tramitar y sustanciar procedimientos sancionadores.
Ramos Charre refirió que en 2020 se recibieron 15 procedimientos especiales sancionadores, los cuales fueron resueltos por el Ietam. En tres se acreditó la infracción y se dictó amonestación pública, nueve fueron inexistentes y hubo un desechamiento como tal.
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En el 2021, se han interpuesto 14 procedimientos especiales sancionadores, 5 por Morena, 3 por ciudadanos, 2 por el PAN, 1 por Movimiento Ciudadano, 2 por el PRD y 1 se inició de oficio por la Secretaría Ejecutiva del Ietam. Quienes han sido objeto de denuncias son precandidatos, presidentes municipales, periodistas, PAN, Morena y gobierno del estado.
De esas 14 se han resuelto cinco, dos con amonestaciones públicas y en uno se impuso una multa.
Actualmente se tienen en sustanciación ocho procedimientos administrativos sancionadores, que están en las etapas correspondientes y se resolverán en tiempo y forma.
“No existe un parámetro para decir si son muchos o son pocos, el árbitro de la elección debe garantizar piso parejo; no puedo calificar como algo exagerado, desproporcionado o desmedido”, comentó Juan José Ramos.
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Agregó que si desde la perspectiva de alguien se comete una conducta que puede ser materia de una infracción, debe presentarse la queja correspondiente y dirimirse la controversia en las instancias respectivas.
“Tampoco sería un termómetro o pulso de los procesos electorales, son muchos factores los que influyen para que se vayan presentando este tipo de procedimientos, pero es una apuesta muy importante que fortalece a la misma competencia y a las autoridades electorales”.
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Dijo que es el derecho de acceso a la justicia, de recurrir a un juez o tribunal a exponer agravios y sería más costoso no tener estas instancias o que las resoluciones de los órganos electorales no fueran impugnables.
“En México nunca ha sido así, incluso desde antes de la existencia del INE las decisiones no dependen de un solo hombre, la mesas de casilla siempre han estado integradas por ciudadanos”.
Sobre si es oneroso el funcionamiento de la autoridad jurisdiccional electoral, dijo que más bien es definitivamente necesario.
SJHN