El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar a Gerardo Fernández Noroña disculparse con la diputada Adriana Dávila por los comentarios que recaen en violencia política de género e, incluso, incluyeron una advertencia de que de no hacerlo sería incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, lo que le impediría participar en el proceso electoral.
El proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante indica que todos los argumentos del diputado son infundados e inoperantes, empezando porque entre sus alegatos pretendía justificar sus expresiones al ejercicio de su actividad legislativa; sin embargo, "el nivel de crítica intensa en las labores parlamentarias no ampara las expresiones de violencia política de género".
El argumento de que “no mencionó su nombre” también se declaró infundado, “pues sus expresiones contienen elementos en los que se advierte inequívocamente que fueron dirigidos en contra de esa diputada federal”.
Por lo que aprobaron por unanimidad “ordenar que cumpla con las medidas que le fueron impuestas y se le apercibe de que en caso de incumplimiento se le impondrá la medida de apremio correspondiente la culpa puede llegar a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”.
La magistrada Janine Otálora expuso que es inaceptable que un servidor público pretenda violentar a otra servidora o a cualquier mujer con actos misóginos.
“Debe cuidar las formas y las palabras que utiliza, ya que las mismas deben ser replicadas debido al alcance y efectos que sus expresiones pueden generar en determinados sectores de la población, quienes ocupan un cargo legislativo deben dar el ejemplo de cómo conducirse ante las mujeres o grupos vulnerables de la población. Evitar que desde su investidura se reproduzcan actos misóginos y acciones machistas que son inaceptables”.
Mientras que el magistrado presidente José Luis Vargas sostuvo que ningún servidor público puede buscar ampararse bajo el argumento de la actividad parlamentaria para emitir violencia contra las mujeres, pues se trata de “un cáncer que tenemos en nuestra sociedad y entorno político, y tenemos que erradicarlo de raíz”.
Agregó que ninguna expresión violeta puede estar enmarcada dentro del derecho de libertad de expresión, por lo que es indispensable que el diputado acate la orden del INE que consiste en ofrecer una disculpa pública y tomar un curso y, de no hacerlo, se tomen las medidas jurídicas y de apercibimiento propuestas, que incluyen registrarlo como uno de los funcionarios que han ejercido violencia política de género, lo que en automático le impediría participar en el proceso electoral.
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