A partir de la próxima semana, elINE solicitará información a las autoridades penitenciarias, judiciales y de procuración de justicia, sobre los candidatos a diputaciones federales para comprobar que no son violentadores de mujeres; de encontrarse elementos en su contra, serán denunciados por falsedad de información y se retirarán sus registros el 31 de mayo.
Aunque el proyecto inicial proponía que se revisaran las más de 8 mil candidaturas que proponen los 10 partidos políticos nacionales y que serán aprobadas esta misma noche, el consejero Ciro Murayama consideró que era mejor una muestra aleatoria pues es una gran carga de trabajo y los tiempos podrían resultar insuficientes, y “una muestra bien hecha es capaz de captar la realidad”, postura que lamentó y criticó la consejera Carla Humphrey presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.
“Lamento que todos los hombres han propuesto que sea muestral, incluso con el aval de los partidos políticos; la vida de las mujeres no es un asunto muestral y la violencia política en razón de género no es un tema estadístico, así que creo que hay que llevar este procedimiento a donde tenga que llevarse para hacer que ninguna persona que violente una mujer pueda ocupar un cargo de elección popular y en este caso una curul”, dijo.
La consejera Claudia Zavala coincidió en que sí se puede realizar la investigación 3de3 a todas las personas registradas en las candidaturas pues se puede generar un modelo tecnológico y de manera electrónica implementar todos los esfuerzos posibles.
“La verificación, debemos de tener claro que tiene que ser general para todos y todas porque es una manifestación que hicieron y en la metodología que se arme para una muestra cómo vamos a definir hacia dónde vamos a dirigir la investigación, lo que tenemos que revisar es que lo que nos hayan dicho corresponda con la realidad. El proyecto lo hicimos entre todos y ninguna área nos dijo que no se podía hacer, partimos de una premisa falsa al decir que no se consultó a las áreas”, agregó.
Sin embargo, respaldaron al consejero presidente Lorenzo Córdova, los consejeros Uuc-kib Espadas, José Roberto Ruiz, Jaime Rivera, Norma Irene de la Cruz, Dania Ravel frente a las consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala, Adriana Favela y Martín Faz.
Humphrey destacó que se trata de una medida de revisión que da garantías para proteger a las mujeres de violencia de género, para que los patrones de violencia dejen de persistir, se promueva el empoderamiento de las mujeres y se acabe con la normalización de la violencia en contra de las mujeres y los estereotipos patriarcales.
Detalló que la idea es comprobar que el acta de buena fe que firmada por las y los candidatos en los que aseguran no ser violentadores o deudores alimentarios, no contenga falsedad de declaraciones.
Para la revisión, se integrará un grupo interdisciplinario integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales.
El proyecto indica que a partir de abril y una vez aprobadas las candidaturas, “el grupo interdisciplinario realizará requerimientos a las diversas autoridades penitenciarias, judiciales y/o de procuración de justicia de las 32 entidades federativas, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República; las fiscalías especializadas en delitos electorales de los estados; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de solicitar los antecedentes penales determinados por resolución firme, relacionados con delitos de violencia familiar y/o doméstica; cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; así como delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal y de violencia política contra las mujeres en razón de género de todas y todos los candidatos registrados. Así como su calidad de deudor alimentario moroso”.
A quienes se les encuentre evidencia documental de incurrir en algún supuesto del formato 3de3 contra la violencia, se les dará a los implicados su derecho de audiencia, se ponderará la gravedad del antecedente, la fecha en que se emitió la pena o el incumplimiento de obligaciones alimentarias y la reincidencia de la conducta.
ledz