Las inhabilitaciones que ha emitido la Secretaría de Contraloría del gobierno de Hidalgo, así como sus similares en municipios, a algunos aspirantes a la diputación local son acciones excesivas y fuera de la Ley, acusaron los dirigentes de Morena, Sandra Alicia Ordoñez Pérez; del Trabajo (PT), Javier Vázquez Calixto; Verde Ecologista de México (PVEM), Honorato Rodríguez Murillo; y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Juan José Luna Mejía.
Esto debido a que las inhabilitaciones que se impusieron al aspirante a la curul por el distrito local 06 de Huichapan, Pedro Porras Pérez; al candidato por el distrito 05 de Ixmiquilpan, Vicente Charrez Pedraza, ambos de la coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo"; así como del suplente de la fórmula uno de Representación Proporcional (RP) de la fuerza del "tucán", Ricardo Crespo Arroyo, son excesivas y no tuvieron el adecuado procedimiento administrativo para llegar a dicha sanción, por lo que acusaron tienen tintes políticos.
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El presidente de la fuerza turquesa, Juan José Luna Mejía, señaló que existen diversas anomalías en estos procesos que supuestamente derivan de la omisión en la entrega de su declaración patrimonial correspondiente al año 2020, cuando la Ley establece que debe ser obligación a partir del 2021 y no de años anteriores; además de que no se dio el cauce adecuado al no notificar a los interesados para subsanar dichas omisiones; finalmente las sanciones fueron excesivas, pues ante esa omisión únicamente debían ser acreedores a una amonestación pública, por ser falta no grave.
"La sanción que debe imponerse debe ser abordada de acuerdo a la gravedad de la omisión, pero no fue así, imponen la pena más alta como lo están haciendo en la actualidad con algunos de los candidatos, cuando la sanción más baja la amonestación pública. Exigimos al contralor del estado, César Román Mora, que explique cuál es la intención de imponer esta pena en una falta no grave y sobre todo a personas que están en un proceso electoral y que no son afines a su partido político", demandó Luna Mejía.
Igualmente señaló que algunos funcionarios tanto de la Contraloría estatal, sus similares municipales y de diversas dependencias, no llevan a cabo su labor de manera adecuada, pues no sólo han incurrido en faltas y omisiones en estos procedimientos de inhabilitación, sino también se ha incurrido en otras irregularidades como la indebida notificación de parte de funcionarios que ya no están inscritos en la Contraloría estatal, pues tanto Marcos Flores Rivera, notificador y Jonathan Perez Ledezma, quien fungía de la Dirección de Responsabilidades y Asuntos Patrimoniales, ya están separados de su cargo.
Por ello, se interpusieron las demandas pertinentes ante el Congreso del Estado, así como ante las autoridades de Justicia Administrativa y Electoral para evitar que estas acciones sigan su cauce y afecten la contienda electoral para renovar el Legislativo, "vamos a llegar hasta donde se puede llegar, no solo con el contralor sino con las dependencias municipales, iremos hasta las últimas consecuencias", sentenció Luna Mejía.
Por su parte la presidenta del partido guinda, Sandra Alicia Ordoñez Pérez, destacó que el mal actuar y los tintes políticos de esta situación emanan de forma particular de la Contraloría del estado, al llevar a cabo acciones de manera arbitraria, fuera de la Ley, y que buscan afectar el desarrollo de la elección.
Finalmente, el dirigente del PVEM, Honorato Rodríguez Murillo, reiteró que no existe razón contundente para emitir y sustentar estas inhabilitaciones, "se está actuando indebidamente excediendo las atribuciones de las contralorías internas. No hay nada más que lo que se está viendo, nadie sabe quién lo señala, pero se asegura que está inhabilitada la persona, no puede ser posible porque tendría que ser notificado del procedimiento en su contra no se puede llevar a escondidas este procedimiento".
Aunado a esto acusó que al acudir a las oficinas de dicha dependencia, no hay personal que pueda informar acerca de estos procedimientos, "dicen que en la contraloría interna tienen covid-19 y por eso no abren, pero no pueden dejar en estado de indefensión a las personas, es ilegal".