La senadora Nestora Salgado, de Morena, llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a emprender acciones para la protección de los candidatos a más de 21 mil cargos en disputa durante el actual proceso electoral.
En un punto de acuerdo presentado en el Senado de la República, la legisladora subrayó que al menos 11 aspirantes a puestos de elección fueron asesinados antes del inicio de las campañas: nueve de ello competirían para alcaldías; uno más, por diputación local, y otro, por una regiduría.
Cuatro de los precandidatos abatidos pertenecían a Morena, tres al PAN, dos al PRI y uno al PRD, y la mayoría de dichos ataques ocurrieron en Veracruz y Guerrero, detalló.
Salgado remarcó la necesidad de prevenir amenazas, agresiones y asesinatos contra los contendientes en las elecciones, así como garantizar su integridad, evitar la violencia política por razón de género y sancionar a los responsables de dichos actos.
“La violencia es una de las expresiones que más dañan a la democracia y los atentados contra las personas en un espacio de participación política afectan el tejido social”, advirtió.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reveló el viernes 9 de abril que en el actual proceso electoral han sido agredidos o amenazados 117 candidatos.
“De ellos, 71 son hombres y 46 mujeres, y al momento tenemos registrados 103 eventos, algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación”, precisó.
Nestora Salgado sostuvo por ello que el contexto obliga a actuar para evitar más asesinatos, garantizar que el proceso electoral se desarrolle con total normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad, e incluso es fundamental levantar la voz y exigir la investigación de los ataques para dar con los responsables.
Recordó que durante el proceso electoral 2018 se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, y de esta cifra, 152 políticos fueron asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos o candidatos y 371 se desempeñaban como funcionarios.
La legisladora guerrerense señaló que su entidad destaca entre las de mayor incidencia delictiva, con más complicaciones en lo político, en lo económico y lo social, pero también el segundo estado con mayor número de asesinatos y amenazas contra quienes aspiran a un cargo de elección popular.
JLMR