En México, las escenas y denuncias de delitos electorales se repiten en cada elección. Pero en el universo de delitos contra la democracia, casi nada se castiga.
En los últimos 12 años, las fiscalías de delitos electorales de los estados y la federal han iniciado, al menos, 35 mil 345 averiguaciones previas y carpetas de investigación.
Sin embargo, los poderes judiciales emitieron, entre 2012 y 2024, sólo 39 sentencias condenatorias.
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De esas, más de 35 mil investigaciones, 21 mil corresponden al fuero federal.
¿Cuál es la entidad con más expedientes abiertos por delitos electorales?
En lo local, la entidad con más expedientes abiertos es el Estado de México. Tiene al menos 2 mil 323. Después, está la Ciudad de México, con mil 427 y Oaxaca, con mil 232.
MILENIO le preguntó, vía transparencia, a las 33 fiscalías electorales y a los 33 poderes judiciales del país: ¿cuántos delitos se habían registrado y cuáles habían sido sus condenas?
Las respuestas revelan que la justicia penal electoral en México, en realidad, no castiga estos delitos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, vigente desde 2014, incluye en su catálogo más de 70 conductas sancionables, pero parecen ser letra muerta.
¿Cuáles son los delitos denunciados?
- Provocar temor
- Intimidación en el electorado
- Solicitar votos a cambio de dinero u otra contraprestación o mediante violencia o amenaza
- Apoderarse, destruir, alterar materiales electorales
Delitos electorales
Se trata de delitos por hechos que se han presentado en la misma jornada electoral, como la alerta emitida el 6 de junio de 2021, de que en dos casillas del municipio de La Huacana, supuestos integrantes de la delincuencia organizada estaban obligando a los ciudadanos a votar masivamente.
Más temprano, antes de instalar una casilla, ‘levantaron’ a una persona y la obligaron a tachar todas las boletas.
Ese día, hubo elecciones en todo México. Se eligieron más de 2 mil 500 cargos, incluidos 15 gobernadores y 500 legisladores federales.
Fue un día difícil. Pasadas las 4 de la tarde, en la casilla de la supermanzana 518 de Cancún, Quintana Roo, se escucharon disparos y los votantes salieron corriendo o se tiraron al piso.
A unos minutos del fin de la jornada, 20 hombres rociaron gasolina en una escuela de Tulum, donde estaba la casilla 924. La gente huyó ante la amenaza.
Tres años antes, el 3 de julio de 2018, cuando se votó también por la Presidencia de la República, hubo episodios similares. En Puebla, por ejemplo, capacitadores electorales, entre ellos, dos embarazadas, fueron secuestrados.
En 30 estados, reina la impunidad
De las 39 sentencias condenatorias reportadas, 26 corresponden a delitos electorales federales y fueron dictadas por el Poder Judicial Federal.
Las otras 13 fueron dictadas en dos estados: 10 en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y tres en el Poder Judicial de Sonora.
Eso significa que, en dos sexenios, 30 poderes judiciales locales no emitieron una sola sentencia por delitos electorales.
“Son datos que me parecen escandalosos, a reserva de hacer una investigación cualitativa, es decir, de tener acceso a las carpetas y a las denuncias; pero por los puros números, me parece escandaloso”, opina Salvador Romero, especialista en derecho electoral y en transparencia, exsecretario ejecutivo en el Tribunal Electoral federal.
De las más de 35 mil investigaciones iniciadas, la mayoría se atoró en el camino. Solo el 19.58 por ciento, es decir, 6 mil 922, se judicializó, pero no se tradujo en condenas.
El resto cayó en la inacción. En el 30.5 por ciento de los casos, es decir, 10 mil 802, se decidió el no ejercicio de la acción penal; mil 232 siguen en integración, 724 se archivaron, 339 se dejaron de investigar y el resto se desechó por diversas razones.
Las cifras podrían ser mayores, pero siete fiscalías electorales y ocho poderes judiciales ─una cuarta parte del país─ no atendieron las solicitudes de MILENIO.
Ante la falta de transparencia, algunas cifras sobre carpetas de investigación fueron obtenidas de los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Sin pruebas no hay castigo
Para Romero, uno de los principales problemas que podría explicar estas cifras es que es muy complicado aportar pruebas suficientes para que las fiscalías armen casos sólidos.
“Si vas a condenar a alguien, no puede quedarle ninguna duda al juez de que los hechos sucedieron y que esos constituyen un delito, pero, a veces, ni siquiera los hechos se pueden probar y se pretenden probar con una foto o con un video”, dice.
“Debes tener muchos más elementos, y estoy seguro que la gran mayoría de las denuncias que se presentan en materia de delitos electorales se soportan en una foto, en un video o en el dicho de alguien”, comenta Romero.
De las 26 sentencias condenatorias de jueces federales, las más severas se dictaron en cinco casos, en los que se impusieron penas de tres años y cuatro meses de prisión.
En cuatro de estos, se castigó la alteración del Registro Federal de Electores y en el otro, que un funcionario partidista ocultó o negó información a la autoridad electoral. Ninguna relacionada con los hechos violentos que suelen exhibirse.
En lo local, de las 10 sentencias de jueces de la Ciudad de México, la más severa fue la prisión por cuatro años y seis meses, por la utilización ilícita de fondos, bienes o servicios públicos en actos de campaña.
Autoridades incompetentes
A esas sentencias podrían sumarse 13 más ─12 reportadas por la fiscalía electoral de Nuevo León y una por la fiscalía de Chiapas─; sin embargo, los poderes judiciales de esos estados reportaron cero sentencias, dato que no coincide con las fiscalías.
La información entregada a MILENIO también revela la opacidad que impera en muchas de esas instituciones.
Por ejemplo, las fiscalías de Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz no contestaron las solicitudes.
El Poder Judicial de Tamaulipas no respondió, mientras que los del Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz se declararon incompetentes.
De acuerdo con la ley, las autoridades estatales deberán investigar, perseguir, procesar y sancionar dichos delitos cuando no tengan conexión con delitos federales o cuando no participe el Instituto Nacional Electoral en la organización de la elección local.
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HCM