Por dos vías, una apelación del PAN y un recurso de defensa ciudadana de derechos políticos, se combate en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) la negativa del INE para que Francisco García Cabeza de Vaca recuperara su candidatura de diputado federal plurinominal tras obtener dos nuevos amparos.
Ante la misma Sala Superior que el pasado 17 de abril invalidó su participación como candidato por ser “prófugo de la justicia”, el político pide revocar la negativa del INE a su segundo intento de registro, alegando que su circunstancia legal ya cambió, y que la Constitución protege sus derechos políticos.
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En estrados electrónicos fueron publicadas las demandas, en tanto que el partido Morena se metió nuevamente a la polémica, ahora para impugnar el hecho de que el INE diera un plazo más largo que el ordenado por la Sala Superior para designar otro candidato, lo que finalmente recayó en César Verástegui Ostos.
En su recurso, el ex gobernador de Tamaulipas califica la negativa del INE como “un acto arbitrario”, que viola, dice los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sostiene que se trata de una afectación directa a los principios de legalidad y seguridad jurídica, considerando que el organismo, “partió de una premisa errónea para negarle su registro”. Subraya que cuenta con dos suspensiones definitivas que dejan sin efectos el considerarlo prófugo de la justicia, porque anula las órdenes de aprehensión giradas en su contra.
“Refiere la autoridad responsable que no se ha dado cumplimiento a la resolución del SUP-RAP-102/2024, considerando que existe una especie de conflicto entre las sentencia de la Sala Superior y las dictadas por el juez de distrito que reconoce que no me encuentro prófugo de la justicia”.
En su nueva narrativa, Cabeza de Vaca dice que no busca modificar aquella sentencia donde la Sala Superior del Tepjf consideró que se encontraba prófugo de la justicia, aunque no la comparte, pero sí pedir que se reconozca que ha cambiado su situación jurídica, con los nuevos amparos obtenidos.
“El cambio de mi situación jurídica a partir de un hecho novedoso me habilita para aspirar a ser candidato a diputado federal”, argumenta el panista. Insiste que el acuerdo del INE resulta carente de fundamentación, pues no analizó los elementos de elegibilidad, ni motivó la razón para negarle el registro y solo se basó en un “supuesto conflicto entre sentencias”.
“Pero nos encontramos en un momento diverso al que la autoridad responsable analizó, por lo tanto, es un acto arbitrario y sin lógica legal, una evasión de entrar al estudio de la solicitud, basado en la percepción de que se trata de la reiteración de una solicitud que ya fue negada por el tribunal electoral”.
Francisco García concluye que al no existir jurídicamente las órdenes de aprehensión, tampoco se acredita el primero de los elementos que la Sala Superior consideró para la actualización del supuesto previsto en el artículo 38, fracción V, Constitucional, relativo a la suspensión de derechos por ser prófugo de la justicia.
Dice que el cumplimiento de la primera sentencia de la Sala Superior se agotó con la sustitución que realizó su partido, pero ahora debe pronunciarse por la aprobación de su registro derivado de la renuncia del aspirante que lo sustituyó.
Por su parte, Acción Nacional promovió un recurso de apelación donde califica de incorrecta la determinación del INE, pues dice no estableció una argumentación jurídica, y con ello infringe el artículo 16 Constitucional.
Refiere que el Consejo General se basó en que las determinaciones de la Sala Superior son definitivas e inatacables, pero no tomó en cuenta la existencia de sendas resoluciones de amparo que nulificaron las órdenes de aprehensión y sus efectos.
Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, asegura que las resoluciones del 17 de abril en la Sala Superior y la madrugada del 1 de mayo en el INE son dos momentos distintos, jurídicamente hablando.
A su vez, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, apeló que este último diera un plazo de diez días para sustituir la candidatura, cuando la Sala Superior solo fijó 48 horas en su momento.
SJHN