La consejera Dania Ravel, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la contraloría del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) es el facultado para revisar el sobrecosto en la impresión de boletas y documentos electorales para esa entidad.
Luego de que MILENIO reveló que en la contratación que hizo el IEQROO para la impresión de papelería electoral hubo sobrecostos del 250 por ciento, en el caso de las boletas electorales, y de hasta 10 mil por ciento, en los sobres para votos nulos, Ravel aseguró que, si hay irregularidades, deben ser investigadas por el órgano interno de control (OIC) del instituto local.
“Como cualquier servidor público, (los funcionarios del IEQROO) están sujetos a un régimen de responsabilidad administrativa y esas cuestiones, en su caso, si hubiese alguna irregularidad deben ser revisadas por sus órganos internos de control”, dijo la consejera en entrevista.
Ravel, presidenta de la comisión de vinculación con los institutos estatales, explicó que el INE no tiene competencia para vigilar el gasto que hacen los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
No obstante, aseguró que, en caso de que el OIC encuentre alguna irregularidad cometida por algún consejero electoral del instituto local de Quintana Roo, podría dar vista al INE para iniciar un procedimiento de remoción de dicho consejero electoral.
Una investigación realizada por MILENIO encontró que la elección local en Quintana Roo será la cuarta más cara en el país, solo por detrás de Nuevo León, Estado de México, con padrones más grandes, y Ciudad de México, en donde se elige además Jefatura de Gobierno, por los altos costos que el instituto electoral local acordó con Litho Formas para la producción de su documentación.
“No es algo cuya rectoría lleve el INE. Nosotros, en el caso de documentación y material electoral, la impresión y producción de estos elementos, lo que hacemos es dar directrices de qué deben de contener y cómo deben ser las boletas electorales, cómo debe darse la producción, pero no le decimos, por supuesto a ningún OPLE con qué proveedor contratar y tampoco, a su vez, nos hacemos responsables, porque no debe de ser así, de las decisiones administrativas que ellos, en el ejercicio de su autonomía, adopten”, expresó la consejera electoral.
Ravel también explicó que la invitación que el INE que hizo a todos los OPLES, para que se sumaran al convenio marco firmado con Talleres Gráficos de México desde agosto para imprimir el material electoral, era abierto y cada instituto tenía libertad de elegir a sus proveedores.
“Lo que se hizo, en este ámbito de colaboración, tratar de que se les diera algún costo que fuera benéfico para ellos, que fuera menor que otros proveedores, pero era completamente abierto”, dijo.
Asimismo, las fechas en las que firmaran contratos con proveedores privados y los costos que acordaran, también eran facultad exclusiva de los OPLEs, y que esos proveedores no necesitaban el aval del INE.
“Depende mucho de sus propios trámites administrativos internos, al final de cuentas suelen tener un comité de adquisiciones donde van tomando esa decisión y si la decisión se va atrasando por diversos motivos, como pueden ser sustituciones o registro de candidaturas, eso va atrasando el mes en el que lo hacen”, explicó.
LG