La Fiscalía General del Estado (FGE) ha quedado a deber a las mujeres que han sido víctimas de violencia tras la comisión de delitos, por lo que el próximo titular deberá enfocarse en atender los pendientes y trabajar con perspectiva de género, señaló Edurne Ochoa Ledesma, vocera del candidato de Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
La morenista sostuvo en conferencia de prensa que si Armenta gana las elecciones el gobierno entrante se encargará de atender las observaciones que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) impuso a la entidad desde 2019 con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
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Sin embargo, reconoció que difícilmente la federación levantará la AVGM a Puebla durante el siguiente sexenio porque eso nunca ha sucedido con ningún otro estado, pero se enfocarán en reducir los delitos que a diario enfrentan niñas, adolescentes y mujeres adultas.
"Nuestro candidato (Armenta) nos ha encargado hacer un informe sombra, para hacer en el momento de las entregas recepciones, qué es lo que tendríamos que hacer de manera inmediata, no para levantar la declaratoria porque nunca se ha levantado una a nivel nacional, pero sí para que se vayan subsanando las observaciones que Conavim mandata al estado de Puebla", dijo.
Ochoa abundó que la próxima administración estatal tiene la obligación de ejecutar "acciones permanentes" a favor de las mujeres, haciendo necesario aumentar el presupuesto y la aplicación de estrategias con perspectiva de género.
La vocera de campaña aprovechó para acusar al candidato de Mejor Rumbo para Puebla a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, de "violencia institucional contra la mujer", ya que en su segundo periodo como alcalde de la capital supuestamente encubrió a trabajadores municipales y colaboradores responsables de 27 casos de violencia contra la mujer.
Edurne Ochoa advirtió que seguirán recabando pruebas en contra del candidato de PAN, PRI, PRD y PSI y brindarán asistencia jurídica a las víctimas, ya que presuntamente el Ayuntamiento de Puebla se las negó y permitió que los violentadores continúen laborando en la administración municipal.
AAC