Rumbo al proceso electoral del 2024 donde en Guanajuato habrá de renovarse la gubernatura, ayuntamientos en los 46 municipios, diputaciones locales, aunado a las elecciones para diputados federales y senadores de la república, el secretario de gobierno Jesús Oviedo informó que ya se inició la preparación de los protocolos para protección de candidatos, a través de las autoridades correspondientes.
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"Ya hicimos contacto con los dirigentes de los partidos, ya hicimos contacto con los notarios que son un aparte importante en el proceso electoral, ya hicimos contacto con el Instituto Electoral y con el Tribunal, con el INE, el objetivo es empezar a dialogar y preparar protocolos de atención y prevención ante situaciones que se puedan presentar para tener rápida respuesta y atención".
La premura por tener listos los protocolos, obedece a que las elecciones del 2021 fueron de las más violenta para Guanajuato y el país, pues a nivel nacional dejaron 102 políticos asesinados, de ellos, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos de elección.
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En el caso particular de Guanajuato en la elección de 2021 se contabilizaron tres asesinatos de candidatos: Juan Antonio Acosta Cano del PAN, en Juventino Rosas: Alejandro Galicia Juárez, del PRD en Apaseo el Grande cuyo delegado de partido también fue herido de gravedad; y Alma Barragán de Movimiento Ciudadano en Moroleón.
Aunado a ello, en Guanajuato también se contabilizaron 11 agresiones y atentados contra partidos y candidatos, mismas que fueron denunciadas públicamente y con cifras de la autoridad electoral (IEEG e INE) se registraron 22 solicitudes de protección para candidatos de las cuales 16 fueron correspondientes al ámbito local y 6 al federal.
Los Protocolos de Protección establecen que cualquier candidato, sea a nivel federal o local, puede acercarse a las autoridades electorales y reportar una amenaza.
Si contiende por un cargo federal, debe ir con el INE, si es un cargo local con el instituto electoral de su entidad.
La denuncia debe ser recibida por la persona titular de la autoridad electoral, quien a su vez la comunica al secretario de gobierno del Estado, quien es el intermediario entre las autoridades electorales y las instituciones que brindarán la protección al candidato.